Jucil aplaude la decisión del TSJA de condenar el 'petaqueo' pero recuerda que la meta es un marco legal uniforme

La precariedad de recursos y la falta de incremento en los medios materiales y humanos siguen representando un obstáculo en la lucha contra el narcotráfico, según la Asociación Profesional de la Guardia Civil, Jucil. La agrupación advierte que los problemas no se limitan a la escasez de equipos y personal, sino que abarcan la reorganización interna, la cual ha debilitado áreas operativas esenciales. En este contexto, la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena al denominado ‘petaqueo’ —transporte y distribución ilegal de grandes cantidades de gasolina para organizaciones criminales— constituye para Jucil un avance, aunque la asociación subraya la urgencia de una normativa uniforme para frenar definitivamente esta práctica. Así lo reportó el medio Jucil a través de una nota recogida por agencias de noticias.

Según detalló Jucil, la sentencia del TSJA revoca la absolución previa y condena a prisión a un implicado por considera delito la tenencia ilegal y el transporte de gasolina con destino a actividades ilícitas. La agrupación ve este fallo como “un respaldo directo y explícito” a su exigencia histórica: que el conocido como ‘petaqueo’ no sea considerado una actividad secundaria ni marginal, sino una pieza esencial en toda la logística del narcotráfico. El medio explica que, de acuerdo con la asociación, las organizaciones criminales dependen de este suministro de combustible para operar embarcaciones rápidas, las llamadas narcolanchas.

Jucil insiste en que la conducta de almacenar y distribuir carburante a gran escala para redes ilegales debe conllevar consecuencias penales y no limitarse al ámbito administrativo, ya que las sanciones en este plano resultan “claramente insuficientes”. La sentencia, argumenta el colectivo, refuerza la protección jurídica de los agentes que intervienen diariamente ante vehículos, embarcaciones y almacenes con cientos o miles de litros de gasolina. Además, la agrupación subraya que las operaciones contra el petaqueo implican riesgos elevados, tanto para los efectivos policiales como para la seguridad de la población, recordando que ya existen antecedentes de consecuencias trágicas asociadas a esta práctica.

El medio Jucil puntualiza en su informe que, pese al avance jurisprudencial, este paso “resulta insuficiente mientras no exista una regulación clara, firme y homogénea en todo el territorio nacional”. Para la asociación, la ausencia de un marco legal uniforme favorece que las organizaciones delictivas aprovechen vacíos y diferencias normativas entre regiones para mantener sus operaciones logísticas y de suministro de combustible.

Dentro de sus demandas principales, Jucil subraya la “urgencia” de reformar el Código Penal, ya sea mediante la tipificación expresa del petaqueo y del suministro de combustible a grupos dedicados al narcotráfico, o mediante la clarificación y refuerzo de la aplicación del artículo 568 del Código Penal, con el objetivo de suprimir las dudas interpretativas y cerrar las puertas a la impunidad. Explican que con una legislación uniforme se podría evitar que las redes delictivas exploten las diversas interpretaciones legales que existen a nivel autonómico y judicial.

La situación en la provincia de Cádiz ilustra especialmente esta problemática. Según manifestó Jucil y publicó el medio, Cádiz sigue figurando entre las áreas del país más afectadas por el tráfico de drogas, condiciones que se han extendido paulatinamente a áreas costeras vecinas en Andalucía. La asociación señala que, a diferencia de lo que podrían sugerir algunas actuaciones, no se ha producido un refuerzo real del dispositivo humano en estas zonas. Lo que ha ocurrido es una redistribución interna: personal que antes integraba unidades especializadas como OCON-SUR ahora desempeña funciones en la Policía Judicial y en el EDOA, lo que ha dejado desprotegidos los grupos de origen y reducido la capacidad operativa en varias líneas de actuación.

De acuerdo con Jucil, la problemática no se limita a la gestión de recursos humanos. También destaca que el estado de los medios materiales con los que cuentan los agentes resulta insuficiente, e incluso negativo. Afirman que muchas de las embarcaciones se encuentran fuera de servicio y numerosos vehículos muestran graves deterioros y condiciones que los convierten en inadecuados para las operaciones requeridas.

La organización considera que la seguridad jurídica otorgada por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía protege a los guardias civiles en los procedimientos diarios y previene situaciones en las que, durante la intervención contra los depósitos y el transporte clandestino de combustible, pudieran verse expuestos a acusaciones infundadas o a incertidumbres legales.

Desde Jucil se concluye en la nota informativa recogida por agencias que el respaldo judicial supone un paso significativo a favor de una respuesta penal adecuada frente al petaqueo, pero mientras persista la disparidad regulatoria, subsistirá un margen de maniobra para las redes criminales. La agrupación exige la revisión y fortalecimiento del marco legal, así como la dotación de recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a los riesgos y desafíos permanentes relacionados con el narcotráfico y su logística en el territorio nacional.