Jucil aplaude la decisión del TSJA de condenar el 'petaqueo' pero recuerda que la meta es un marco legal uniforme

La asociación profesional de la Guardia Civil, Jucil, ha valorado de forma "muy positiva" la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que revoca la absolución y condena a prisión a un 'petaquero', al considerar delito la tenencia ilegal y el transporte de grandes cantidades de gasolina destinadas al narcotráfico. No obstante, ha señaado que la meta es un marco legal uniforme para este tipo de delito.

En una nota, Jucil ha afirmado que esta resolución judicial supone un respaldo directo y explícito a lo que la asociación viene defendiendo desde hace años, que el petaqueo no es una actividad secundaria ni marginal, sino una pieza "clave" de la logística del narcotráfico, sin la cual las organizaciones criminales no podrían operar con narcolanchas.

Por ello, Jucil ha considerado "imprescindible que esta conducta tenga una respuesta penal clara y no quede limitada a sanciones administrativas claramente insuficientes". La sentencia refuerza además la seguridad jurídica de los guardias civiles que actúan diariamente contra vehículos, embarcaciones y almacenes cargados con cientos o miles de litros de gasolina, asumiendo un riesgo evidente para su integridad física y para la seguridad de la ciudadanía, ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que "no se trata solo de combatir una infracción, sino de neutralizar un peligro real y constante que ya ha tenido consecuencias trágicas". Para Jucil, aunque esta línea jurisprudencial es "un paso en la buena dirección, resulta insuficiente mientras no exista una regulación clara, firme y homogénea en todo el territorio nacional".

"La falta de un marco legal uniforme permite que las organizaciones criminales sigan explotando grietas normativas y diferencias territoriales para mantener su logística", ha añadido Jucil, que ha insistido en la necesidad "urgente" de una reforma del Código Penal que tipifique de forma expresa el petaqueo y el suministro de combustible al narcotráfico, o, en su defecto, que refuerce y clarifique la aplicación del artículo 568 del Código Penal, eliminando dudas interpretativas y cerrando definitivamente las puertas a la impunidad.

Por otro lado, Jucil ha recordado, además, que la provincia de Cádiz "continúa siendo una de las zonas más expuestas a la problemática del narcotráfico, una situación que se ha extendido progresivamente a otras zonas costeras de Andalucía".

En este sentido, ha manifestado que "lejos de haberse producido un refuerzo real de efectivos, lo que se ha llevado a cabo es una reorganización interna de efectivos, trasladando guardias civiles que formaban parte de OCON-SUR a unidades de Policía Judicial y al EDOA, dejando desprotegidas las unidades de las que procedían". Según Jucil, "esta redistribución no ha supuesto un aumento de personal, sino que ha debilitado otras áreas operativas igualmente esenciales".

En cuanto a los medios materiales, el balance de Jucil es igualmente "negativo", ya que "no solo no se ha producido un incremento real de recursos, sino que los existentes presentan graves deficiencias, con embarcaciones inservibles, vehículos gravemente deteriorados o no aptos para el servicio".