Madrid, 16 ene (EFECOM).- El Consejo Económico y Social (CES) ha señalado en su dictamen sobre el anteproyecto del denominado Estatuto del Becario la falta de "estimaciones sólidas" sobre algunos datos necesarios para determinar la viabilidad y la repercusión económica de la aplicación de esta norma.
En la valoración sobre el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral publicado este viernes, el CES apunta la importancia de estimar "tanto el volumen y el flujo periódico" de personas que cursarán las prácticas no laborales que se busca regular como el número de empresas necesarias para atenderlos.
En opinión del CES, hay elementos que, aun siendo socialmente justificados, tienen un impacto económico claro que la memoria de la norma no valora, como la compensación mínima a las personas en formación o los costes derivados del tiempo efectivo de tutorización.
También advierte de la especial dificultad que pueden tener las pymes para afrontar los costes y cargas que conlleva la norma y pide articular ayudas.
"Ello requiere reforzar y aclarar, ya en la ley, que las ayudas y compensaciones serán suficientes, estables y de acceso ágil, evitando que queden condicionadas a una excesiva carga administrativa y a una mayor complejidad en la gestión", apunta el organismo.
El CES deja claro que valora la presentación de una iniciativa para regular la formación práctica no laboral y destaca que "establecer criterios claros" sobre la naturaleza de la formación y los derechos y obligaciones de las empresas y los estudiantes "es fundamental para lograr que este tipo de formación se configure como una palanca transformadora para la empleabilidad de la población joven".
Pero, añade el dictamen, considera que el marco "debe aportar los elementos, tanto materiales como temporales, mediante una entrada en vigor, unos periodos transitorios y una regulación de dicha transitoriedad adecuados".
Y recoge que las organizaciones representadas en el CES, donde se sientan entre otros patronal y sindicatos, "no han llegado a un consenso acerca del objeto, el ámbito de aplicación y régimen sancionador que establece el Anteproyecto de ley sometido a dictamen".
También considera necesario que la norma contemple de manera expresa las necesidades de las personas con discapacidad y que reconozca que su formación práctica no laboral pueda desarrollarse tanto en entornos ordinarios de trabajo como en entidades especializadas.
El Gobierno aprobó en noviembre del año pasado en primera vuelta este anteproyecto pactado en junio de 2023 con los sindicatos pero no con la patronal, con el que se busca dar más derechos al colectivo.
La norma, que deberá pasar de nuevo por el Consejo de Ministros y luego sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas, el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan. EFECOM
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