La Asociación de Fiscales pide a la fiscal general que publique el decreto por el que García Ortiz vuelve a la carrera

Diversos medios recogieron que, tras una sentencia judicial y un análisis del concepto de “delito doloso” impulsado por la inspección fiscal, la Fiscalía General del Estado adoptó una resolución que permite el retorno de Álvaro García Ortiz al ejercicio activo en la carrera fiscal, específicamente en la sección de lo Social del Tribunal Supremo. La Asociación de Fiscales, órgano mayoritario representativo del colectivo, ha puesto el foco en la necesidad de transparencia y solicita a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, la publicación íntegra del decreto con el que se autorizó este reingreso. Según informó Europa Press, la asociación argumenta que la decisión supera las implicancias administrativas internas y tiene repercusión directa en el interés general y la confianza en la institución.

De acuerdo con lo expuesto en la carta dirigida a Peramato, la Asociación de Fiscales subraya que dicho decreto debió justificarse plenamente, tanto por su carácter discrecional como por la relevancia del caso. Desde la perspectiva del colectivo, solo la motivación debidamente fundamentada puede excluir cualquier apariencia de arbitrariedad, aspecto especialmente relevante considerando el cargo que ostentaba García Ortiz y la conducta por la que fue condenado. El medio Europa Press detalla que la carta insiste en que la resolución debe abordar expresamente la entidad del delito cometido y su impacto, pues consideran que ha afectado la credibilidad del Ministerio Fiscal y la percepción ciudadana sobre el cumplimiento de sus obligaciones esenciales.

El documento remitido a la máxima responsable del Ministerio Público señala que la decisión no solo tiene consecuencias internas, sino que influye en el régimen jurídico aplicable a todo el cuerpo de fiscales. La Asociación de Fiscales apunta que el retorno de García Ortiz, luego de su condena por revelación de secretos, sólo resultó posible tras un estudio técnico-jurídico sobre el alcance y la repercusión del delito doloso, particularmente en lo que concierne a la pérdida de la condición de fiscal prevista en el Estatuto y en el reglamento corporativo. Según publicó Europa Press, la propuesta resultante de ese análisis habría servido como base para el decreto de readmisión.

La sentencia que afectó a Álvaro García Ortiz, de acuerdo con información recopilada por Europa Press, implicó una inhabilitación durante dos años exclusivamente para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado, tras ser hallado responsable de la divulgación ilícita de información obtenida por razón de sus funciones. Ante la falta de desmentido oficial acerca del eventual regreso de García Ortiz al Ministerio Fiscal, la Asociación señala que se esperaba la publicación expedita del decreto, considerando la dimensión pública y mediática del caso. Esta postura se apoya en la importancia de establecer una doctrina clara que pueda aplicarse a otros miembros del Ministerio Fiscal en situaciones análogas.

El colectivo mayoritario insiste en que el mantenimiento o restablecimiento de la confianza de la sociedad requiere transparencia y explicación pública de las decisiones, más cuando se trata de cargos que implican la custodia del orden jurídico y de la reserva de datos sensibles. Europa Press recoge que, según la Asociación de Fiscales, la resolución debe aclarar no solo los fundamentos técnicos sino también responder a la trascendencia institucional de los hechos.

“Para sanar estas heridas” y lograr una adecuada transición tras el episodio, la Asociación sostiene en su mensaje a Peramato que la motivación y exposición pública de los actos administrativos resultan esenciales. Remarca que, ante una situación de “enorme trascendencia mediática”, la motivación del decreto es, además, una obligación cuyo cumplimiento favorece el interés general y blinda la independencia y el prestigio del Ministerio Fiscal.

El texto remitido a la fiscal general concluye que, tras conocerse la noticia en la prensa y ante la ausencia de aclaraciones oficiales, la publicación del decreto proporcionaría claridad a toda la carrera fiscal y a la opinión pública. Se remarca que el estudio realizado evaluó si la condena de García Ortiz alteraba su cualificación para desempeñarse como fiscal, y que el resultado de esa evaluación sustenta la continuación de su trayectoria en el Ministerio Público. Según Europa Press, la Asociación interpreta que este procedimiento se ajusta a las normas y que el decreto refleja el resultado de un proceso reglado a partir del informe elaborado por la inspección fiscal y la consulta de la normativa aplicable.

La jornada posterior a la reunión de Peramato con las asociaciones de fiscales, los principales periódicos y agencias destacaron la decisión relativa al reingreso y la nueva adscripción de García Ortiz. Según la información publicada, la Asociación esperaba que la Fiscalía General del Estado difundiese el texto íntegro del decreto, gesto que consideran imprescindible para garantizar la transparencia, atender al interés público y restaurar la imagen del Ministerio Público ante los ciudadanos.