La refinería de Talara, cuya modernización demandó más de 6.000 millones de dólares, se perfila como pieza clave en los planes del Gobierno peruano para impulsar alianzas estratégicas y optimizar el uso de activos estatales, en medio de crecientes tensiones laborales y acusaciones públicas sobre la posible privatización de Petroperú. Este escenario toma especial relevancia ante las advertencias del sindicato de trabajadores sobre una inminente huelga y el debate sobre el futuro de la empresa, según informó EFECOM.
De acuerdo con ese medio, la ministra de Economía y Finanzas de Perú, Denisse Miralles, reafirmó que el Ejecutivo descarta cualquier intento de privatización de la petrolera estatal, pese a las denuncias de la Coalición Sindical Petroperú y la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenteprol), quienes convocaron a una huelga de 72 horas desde el 19 de enero para rechazar lo que califican como una "privatización encubierta". Miralles sostuvo: "Se ha hablado mucho de que esta es una privatización encubierta, eso es mentira, esto es una herramienta que nos permite atraer al privado, que incorpore capital fresco, pero también asumiendo riesgos con el Estado", en declaraciones recogidas por el Canal N y reproducidas por EFECOM.
La actual administración, presidida por el congresista José Jerí, estableció un proceso de reestructuración para Petroperú que, según Miralles, permitirá que el Estado conserve la propiedad de los activos, abriendo a su vez la posibilidad de inyección de capital privado. Explicó que uno de los mecanismos considerados para este objetivo es el modelo de Proyectos en Activos, lo cual habilitaría la entrada de un socio privado bajo un esquema similar a un arrendamiento, que posteriormente implicaría el pago de un rédito al Estado.
EFECOM agregó que entre las estrategias oficiales figura también la búsqueda de acuerdos que permitan utilizar plenamente infraestructuras como la moderna refinería de Talara y el Oleoducto Norperuano, este último una instalación estratégica que cruza tanto la región andina como la Amazonía peruana para llevar crudo hasta la costa del país. Dentro de ese marco, Miralles reveló que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó la opción de establecer una eventual alianza, dada la capacidad productiva ecuatoriana de crudo y la falta de una refinería como la de Talara en ese país, según relató la funcionaria a las autoridades peruanas.
La ministra también aseguró, según reportó EFECOM, que la agencia estatal Proinversión ha recibido el encargo de presentar en febrero un plan para promocionar los activos de la empresa, aunque el Gobierno ha solicitado que esa labor se complete en el transcurso de enero. Esta medida busca apurar el proceso de búsqueda de capitales y socios estratégicos en el contexto de crisis financiera que atraviesa Petroperú.
El escenario sindical se ha tensado en forma paralela, según consignó EFECOM. La Coalición Sindical Petroperú advirtió sobre el posible desabastecimiento de combustibles a nivel nacional como resultado directo de la protesta programada. Por su parte, Rafael Noblecilla, secretario general de Fenteprol, manifestó su disposición al diálogo, aunque señaló que "la reorganización de la petrolera es un tema delicado que debe dejarse para el próximo gobierno", dada la proximidad de la transferencia de mando prevista para julio.
En cuanto al estado financiero de la empresa, EFECOM reportó que hasta el tercer trimestre de 2025, las deudas acumuladas de Petroperú ascendían a 5.350 millones de dólares (4.558 millones de euros), con pérdidas netas acumuladas de aproximadamente 2.224 millones de dólares (1.900 millones de euros). En paralelo, la petrolera estatal, que emplea a más de 2.600 trabajadores, vio caer sus ingresos desde 5.581 millones de dólares en 2022 hasta 4.009 millones en 2023 y 3.527 millones en 2024, con proyecciones de alcanzar 3.846 millones de dólares en 2025.
Según publicó EFECOM, estas cifras reflejan el complejo panorama al que se enfrenta la estatal peruana, en un contexto de debate político, presión sindical y desafíos financieros que marcan la agenda en torno al futuro de Petroperú y las políticas públicas de gestión de los recursos energéticos estatales.
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