El Congreso da un paso más en la investigación para decidir si suspende la acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo

La resolución sobre las posibles sanciones contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo podría llegar próximamente, tras haberse superado las etapas iniciales del proceso disciplinario dentro del Congreso de los Diputados. Según informó Europa Press, la Mesa del Congreso, conformada por una mayoría de representantes del PSOE y Sumar, ha asumido los informes del Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) que atribuyen a ambos comunicadores faltas consideradas graves, y ha ordenado que el cuerpo de letrados del Congreso continúe con la instrucción de los expedientes abiertos.

La decisión se adoptó sin necesidad de celebrar una votación, de acuerdo con datos publicados por Europa Press. El Partido Popular, por su parte, optó por marginarse de esta decisión en protesta por la reforma del Reglamento del Congreso aprobada el verano anterior, que introdujo cambios en la regulación de este tipo de procedimientos sancionadores. Vox, aunque no integra la Mesa, también rechaza dicha reforma y, al igual que el PP, decidió no formar parte del CCCP, cuya composición incluye al resto de los grupos parlamentarios. En este consejo participan también dos periodistas propuestos por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), aunque sin derecho a voto, así como miembros de la Secretaría General y la Dirección de Comunicación del Congreso.

De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por Europa Press, la instrucción de los casos pasará a los letrados de la cámara, quienes darán inicio a la fase en la que Quiles y Ndongo podrán presentar alegaciones en defensa propia. El procedimiento establece que, tras este trámite y un análisis global tanto de las conclusiones de los letrados como de las del CCCP, la Mesa emitirá una decisión sobre las sanciones a aplicar, disponiendo de un plazo de seis meses desde la apertura formal del expediente. Sin embargo, se prevé que la resolución llegue en un corto espacio de tiempo, según las previsiones comunicadas a Europa Press.

La investigación sobre Vito Quiles se originó a raíz de dos denuncias. La primera, presentada por la APP, hace referencia a incidentes ocurridos el 11 de diciembre, cuando Quiles grabó imágenes del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una zona del Congreso en la que no estaba autorizado a hacerlo, y difundió dichas imágenes en redes sociales. El CCCP concluyó que este comportamiento supuso la comisión de dos infracciones graves recogidas en el artículo 98.6 del Reglamento de la cámara, puesto que Quiles no contaba con acreditación como prensa gráfica y realizó la grabación sin consentimiento explícito. El informe del consejo, citado por Europa Press, describe que “los hechos se produjeron a la salida de un acto organizado por la institución cuando el denunciado persiguió contra su voluntad al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y, más tarde, difundió dichas imágenes grabadas sin autorización en sus redes sociales”.

El PSOE sumó una denuncia propia contra Quiles por el mismo episodio. Posteriormente, el CCCP emitió otro informe, tras una segunda denuncia de la APP, sobre una situación similar acaecida el 20 de noviembre. En ese caso, el consejo indicó que Quiles, pese a recibir advertencias tanto de funcionarios de la cámara como de otros periodistas, grabó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un área no habilitada para ello y en contra de su indicación expresa de no querer ser entrevistado. Posteriormente, esas imágenes también fueron publicadas por Quiles en sus redes. El CCCP estima que esas acciones equivalen a tres infracciones graves adicionales.

En cuanto a Bertrand Ndongo, la instrucción abierta responde a una denuncia impulsada por el grupo parlamentario Sumar, relacionada con su comportamiento durante una rueda de prensa ofrecida el 25 de noviembre por la portavoz del grupo, Verónica Martínez Barbero. Según el informe elaborado por el CCCP, Ndongo habría cometido dos infracciones graves por interrumpir el desarrollo del acto informativo y por desoír de forma consciente, deliberada y reiterada las indicaciones del personal responsable. El documento sostiene que el desarrollo de la rueda de prensa resultó “violentado” y “severamente distorsionado” y que el periodista hizo caso omiso a las pautas establecidas para mantener el orden, afectando el trabajo de los demás profesionales de los medios.

El CCCP señaló que ese episodio también implicó “el ejercicio de una visible violencia verbal sobre la diputada y la periodista afectada, hecho impropio de un acto en sede parlamentaria”, tal como recoge Europa Press. La consideración de gravedad de estos comportamientos queda recogida en la legislación interna del Congreso, que prevé sanciones específicas para distintos tipos de infracciones cometidas por informadores en el ámbito parlamentario.

El Reglamento del Congreso detalla que las infracciones consideradas graves se castigan con la suspensión de la credencial de acceso por un período que va desde 11 días hasta tres meses. El plazo para la prescripción de estas infracciones comienza el día en que ocurrieron los hechos, o desde el final de la conducta en casos de infracción continuada.

En casos en que una infracción grave o muy grave se atribuya a una persona concreta, la sanción recae en el representante del medio que haya cometido la falta y, durante el tiempo que dure la suspensión, el medio de comunicación no puede sustituir al sancionado por otro trabajador. Cuando el tipo de falta grave se reitera más de dos veces en un mismo año o si se determina que causa un perjuicio muy grave al funcionamiento del Congreso, las infracciones pasan a considerarse “muy graves”, lo que puede conllevar la suspensión de la credencial de entre tres meses y un día hasta tres años, o incluso la revocación definitiva de la acreditación.

Tanto Quiles como Ndongo disponen ahora del derecho a presentar alegaciones, en un proceso que, conforme recoge Europa Press, deja abierta la posibilidad de recurso. Si la decisión de la Mesa resulta desfavorable para alguno de los comunicadores, estos pueden recurrir ante el propio órgano de gobierno y agotar posteriormente la vía judicial recurriendo ante el Tribunal Supremo.

Las acusaciones y los informes atribuidos tanto a Quiles como a Ndongo han contado con la participación activa de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, un colectivo que, según reportó Europa Press, sostiene que estas acciones afectan de forma directa el ejercicio regular del periodismo en el Congreso. El proceso instaurado se encuentra enmarcado por las recientes reformas del Reglamento interno, cambio que ha generado recelo y distancia en partidos como el PP y Vox, que han rehusado participar en los órganos consultivos correspondientes a estos expedientes.

Todas estas acciones transcurren mientras el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados prosigue con la aplicación de sus normativas internas sobre acreditación, acceso y conducta de los comunicadores en sus instalaciones, enfrentando la actual controversia a procedimientos específicos diseñados para preservar el funcionamiento regular de los trabajos parlamentarios.