El juez autoriza el volcado de móviles de seis empresarios investigados en el caso 'Mascarillas' de Almería

El uso de expresiones como “ir al dentista” y “necesito empastarme dos o tres muelas” en conversaciones entre investigados fue registrado durante las pesquisas del caso ‘Mascarillas’ en Almería. Estas fórmulas, consideradas lenguaje encriptado, han llamado la atención del juzgado instructor por su desvinculación de contextos odontológicos y la frecuencia con la que aparecen en diálogos relacionados con presuntas comisiones ilícitas derivadas de contratos públicos. Según informó Europa Press, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, José Manuel Rey Bellot, ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder al contenido de los teléfonos de seis empresarios vinculados al sector construcción para avanzar en la investigación de supuesta corrupción y blanqueo de capitales durante la pandemia.

El medio Europa Press detalló que la autorización judicial incluye el clonado, volcado y visionado de los móviles de los empresarios bajo sospecha. Esta medida responde a la solicitud de la UCO, cuyo departamento de investigación económica busca con la información recabada clarificar posibles delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública y blanqueo de dinero. Los empresarios implicados ya prestaron declaración en noviembre, después de la detención de figuras públicas como Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería, y Fernando Giménez, exvicepresidente segundo.

De acuerdo con el auto judicial revisado por Europa Press, la instrucción se apoya en la “aparente existencia” de un sistema persistente dentro de la Diputación Provincial de Almería que, en términos globales, facilitaba la adjudicación fraudulenta de contratos utilizando criterios personales y económicos, en lugar de ajustarse a los principios normativos que rigen la contratación pública. La investigación revela que la supuesta trama no solo se limitaría al contrato inicial, valorado en más de dos millones de euros y destinado a la compra de mascarillas, guantes y otros suministros sanitarios al inicio de la pandemia, sino que también se habría ramificado hacia otras contrataciones de obras y servicios públicos.

Tal como recogió Europa Press, la pesquisa señala la implicación de dos grupos: por una parte, responsables públicos que habrían permitido y favorecido este mecanismo, beneficiándose presuntamente de forma directa; por otra, empresas y empresarios adjudicatarios o facilitadores de contratos para terceros. Entre los investigados sobresale el hermano del exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento de la Diputación de Almería, Óscar Liria, quien, a través de la sociedad Pulconal, habría contado con pleno conocimiento de la operativa y recibido un beneficio del cinco por ciento sobre los contratos adjudicados.

La empresa OYC Servicios Urbanos aparece identificada como una de las sociedades con mayor protagonismo en la trama, con la investigación centrada en dilucidar la supuesta titularidad real a manos del exalcalde de Fines y su hijo, ambos dentro del grupo de investigados. Europa Press reportó que, además de estas compañías, la instrucción examina a seis sociedades más, gestionadas por cuatro empresarios, por su posible beneficio de contratos bajo sospecha. Todos ellos forman parte del grupo objeto del reciente volcado de sus dispositivos móviles, pues juegan un papel fundamental en el esclarecimiento de los hechos.

El origen de la investigación radica en la adjudicación de un contrato por valor de 2.036.186,24 euros para el suministro de material sanitario por parte de la Diputación Provincial de Almería a Azor Corporate Ibérica. El acuerdo, firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020 a propuesta de Fernando Giménez, se considera irregular desde el punto de vista judicial. El magistrado apunta a la existencia de lazos familiares entre Óscar Liria y el representante de la empresa, además de operaciones previas de compra del material antes incluso de la adjudicación formal.

Las conversaciones intervenidas, principalmente mediante un grupo de Whatsapp denominado ‘Naranjito’, revelarían intercambios sobre las adjudicaciones y el empleo reiterado del lenguaje “en clave”. El juez enfatiza en su resolución la frecuencia de términos vinculados a la odontología, utilizada de manera excesiva y sin relación alguna con los asuntos abordados en los chats, todos ellos referidos a expedientes de contratación pública. Europa Press puntualiza que, durante las actuaciones previas, se localizaron importantes cantidades de dinero en los domicilios de Óscar Liria y sus padres, con explicaciones consideradas vagas y carentes de respaldo documental.

Entre los elementos objeto de investigación figura el uso reiterado de efectivo, con ingresos de hasta 19.750 euros desde localidades como Roquetas de Mar y El Ejido por parte de Javier Aureliano García, utilizados para sufragar cuotas hipotecarias por la compra de un inmueble. La cuenta utilizada para estas operaciones estaba también a nombre de su hermana, igualmente investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales. A este flujo financiero se suman otros 20.000 euros destinados por García a la compra de una parcela en Rodalquilar, cuyo origen no se ha justificado, dadas sus funciones como empleado público, según expone el auto al que accedió Europa Press.

Las pesquisas revisan asimismo gran número de operaciones bancarias entre Javier Aureliano García, sus hermanos y la comunidad de bienes García Molina, administrada por otro hermano también investigado. Desde el criterio de la UCO, estas operaciones habrían servido, presuntamente, para canalizar recursos económicos relacionados con la venta de un bien heredado a fin de integrar fondos obtenidos de manera ilícita en la economía formal.

Europa Press expone también que la actitud de Javier Aureliano García respecto a la coordinación con Fernando Giménez antes de prestar declaración como investigado forma parte de los aspectos que centran la atención del juzgado. Además, el interés por viajes de elevado coste a lugares como Ibiza y Madrid entre 2016 y 2017, llevados a cabo por García y Liria en momentos próximos a presuntos hechos delictivos, refuerza la investigación en torno a los movimientos económicos para los que no existe una constancia documental clara.