Castilla-La Mancha: El modelo de financiación es "injusto y regresivo" y ataca la igualdad

Toledo, 9 ene (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el nuevo modelo de financiación que propone el Ejecutivo central es "injusto y regresivo" y supone "un ataque sin paliativos al principio de igualdad", al hacer efectiva la ordinalidad que defiende Cataluña.

La propuesta que ha presentado este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "es más un modelo de reparto de la riqueza nacional que un verdadero modelo de financiación que atienda a sufragar el coste real que nos supone a las comunidades autónomas prestar los servicios públicos fundamentales", considera la Consejería de Hacienda castellanomanchega en un comunicado difundido este viernes.

Asimismo, entiende que "es un modelo injusto dirigido a otorgar más financiación de forma permanente a quien más renta per cápita tiene y, por lo tanto, es un modelo regresivo, que en ningún caso va a garantizar el principio de igualdad"

A falta de tener más información sobre la propuesta del MInisterio de Hacienda, la Consejería mantiene que el resultado final sería muy positivo para aquellas comunidades que tienen una gran capacidad tributaria, pero no se puede decir lo mismo respecto al resto, que por tener una menor capacidad económica estarían siendo financiadas por debajo de la media.

Es lo que le puede ocurrir a Castilla-La Mancha, según esta Consejería, "que seguiría estando infrafinanciada en el sentido de obtener una financiación que presumiblemente, con los datos con los que estamos trabajando, estará por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas; es decir, seguiríamos estando castigadas como lo estamos ahora con el actual modelo".

De acuerdo con la metodología que ha dado a conocer Montero, la Consejería de Hacienda cree que la propuesta "es claramente regresiva en la medida que hace efectiva la ordinalidad defendida por Cataluña".

Supone que aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria tienen derecho a disponer de mayor volumen de recursos y, en consecuencia, poder prestar los servicios públicos en mejores condiciones que los demás, mientras que las de menos capacidad tributaria "están condenadas a prestar los servicios públicos en peores condiciones que aquellas que tienen más capacidad económica", argumenta Hacienda.

"En consecuencia, la ordinalidad es un ataque sin paliativos al principio de igualdad", lamenta la Conserjería, que añade: "Se está trasladado a los ciudadanos el mensaje de que quien paga más IRPF es porque tiene mayor capacidad económica; tiene derecho a ser mejor tratado, por ejemplo, en la sanidad pública".

En cambio, Castilla-La Mancha defiende que el modelo debe regirse "en aportar a la bolsa común en función de la capacidad y recibir en función de las necesidades".

Y la necesidad se mide a través de un buen diseño de la población ajustada "que tenga en cuenta el coste real que nos supone a cada comunidad autónoma prestar los servicios de nuestra competencia para que los podamos prestar en condiciones de igualdad y no atendiendo a la capacidad económica del territorio", advierte. EFE