La jueza de la dana pide a la CHJ que identifique los agentes fluviales que vigilaron la zona el 29O

La jueza que dirige la investigación sobre la gestión de la emergencia causada por la dana del 29 de octubre de 2024, que afectó a la provincia de Valencia y resultó en la muerte de 230 personas, ha solicitado información exhaustiva sobre la distribución y actividad de los equipos encargados de la vigilancia en esa fecha. Según detalló el medio, la magistrada del juzgado de Catarroja ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que identifique de manera específica a los agentes y guardas fluviales que se encargaron del control de la demarcación provincial durante la jornada citada, e indique con precisión las zonas, subzonas, sectores y subsectores donde cada uno de ellos realizó su labor, así como los términos municipales y cauces –ríos y barrancos– comprendidos en esas áreas. Esta petición responde a una solicitud previa de la fiscalía en el marco de las diligencias para esclarecer cómo se gestionó la respuesta a la catástrofe.

Según informó el medio, la providencia emitida por la jueza también requiere al organismo de cuenca un plano pormenorizado de la ubicación del personal involucrado en las funciones de control y vigilancia. La Confederación Hidrográfica del Júcar había indicado previamente que la demarcación a su cargo abarca 42.756 kilómetros cuadrados distribuidos entre cinco comunidades autónomas y ocho provincias. La organización interna para inspección y vigilancia del dominio público hidráulico consta de cuatro zonas, ocho subzonas y 41 sectores, cinco de estos últimos divididos a su vez en dos subsectores debido a la mayor demanda de trabajo que presentan. En cada uno de estos sectores o subsectores se asigna un agente o guarda fluvial, además de responsables distintos por zona y subzona.

Reportó el medio que, durante el 29 de octubre de 2024, en total 50 agentes y guardas fluviales estuvieron desplegados en toda la demarcación, realizando tareas de supervisión y control ante la situación de emergencia generada por la dana. Tras la solicitud judicial, la CHJ envió en el mes de diciembre un listado detallado con la identidad de los 50 agentes que desempeñaron funciones ese día en las distintas zonas del territorio bajo su competencia.

La resolución judicial incluye otros requerimientos destinados a instituciones involucradas en la gestión de la emergencia. De acuerdo con el medio, la jueza ha pedido al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia que, en un plazo de tres días, envíe un informe con la identificación personal de cada uno de los bomberos forestales que participaron en labores de seguimiento y vigilancia del río Magro, en la zona del puente de Carlet, y del Barranco del Poyo, en las áreas de Torrent, Picanya y Paiporta. Estos equipos, dependientes de las unidades de Alzira y Buñol, intervinieron a solicitud del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

La magistrada también ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente un reporte con la identificación y localización de los agentes medioambientales vinculados a este departamento que desempeñaron sus funciones ordinarias en la provincia el 29 de octubre, indicando además el horario específico de trabajo de cada uno. Todo ello busca clarificar qué personal se encontraba en activo, sus ubicaciones exactas y las franjas horarias en que realizaron sus tareas vinculadas con la emergencia.

Tal como consignó el medio, la instrucción judicial se ha ampliado tras recibir información de la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana, que proporcionó la identidad de los trabajadores que estuvieron en los dos puestos de operación de la Sala de Mando y Control del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) la tarde del 29 de octubre. En este contexto, la jueza ha resuelto citar nuevamente a un técnico vinculado con el envío del mensaje de alerta Es-Alert a la población, quien ya había comparecido en sede judicial en el mes de mayo. La magistrada fundamenta la nueva citación al observar un desfase entre el registro de entradas y salidas del puesto operativo —que señala su presencia de las 14:45:53 a las 20:12:51 horas ese día— y la declaración previa del técnico, quien había manifestado haber tomado su puesto a las 14:30 y que abandonó su lugar de trabajo a las 2 de la madrugada.

Según publicó el medio, el Ministerio Público había solicitado además que, tras la identificación de los guardas fluviales desplazados, se tomara declaración a quienes ejercieron funciones en las zonas, subzonas, sectores y subsectores directamente relacionados con los hechos investigados. La jueza indicó que resolverá sobre esta cuestión una vez haya finalizado el trámite anterior y se disponga del volumen total de agentes asignados a los puntos de control vinculados a la emergencia.

La información aportada por la Confederación Hidrográfica del Júcar, según consignó el medio, detalla que la estructura de control territorial se adapta al extenso ámbito que cubre la entidad, con asignación específica de personal a sectores y subsectores con mayor carga de trabajo, y responsables diferenciados por zona y subzona. Esta minuciosidad en la identificación y localización del personal busca proporcionar detalles relevantes respecto a la respuesta institucional frente a la catástrofe de octubre.

De acuerdo con el medio, todas estas diligencias de investigación pretenden esclarecer las actuaciones de los distintos organismos, agentes y cuerpos implicados en la gestión de la emergencia, en un procedimiento que continúa abierto y en el que se siguen adoptando medidas para recabar información exhaustiva sobre la operatividad y el despliegue de recursos durante la jornada crítica.