La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

El proceso judicial que involucra a Álvaro García Ortiz ha incluido una división dentro del propio Tribunal Supremo, reflejada en el voto discrepante de dos magistradas de orientación progresista frente a la mayoría conservadora del tribunal compuesto por siete jueces. De acuerdo con la información difundida por el medio, la situación se originó a partir de la decisión de estos jueces de abrir causa penal el 16 de octubre de 2024, a raíz de la presunta filtración sobre una propuesta de colaboración formulada por la defensa de Alberto González Amador a la Fiscalía. En ese contexto, el Ministerio Público ha solicitado ahora al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia condenatoria por revelación de secretos dictada contra García Ortiz, quien fue sancionado con una inhabilitación de dos años y apartado de su cargo.

Según consignó el medio en su cobertura, la condena dictada por el Supremo consideró que García Ortiz cometió un delito al revelar información relacionada con González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González Amador, investigado por delitos fiscales, había ofrecido a la Fiscalía la opción de asumir la responsabilidad de dos hechos delictivos en el ámbito tributario para evitar el ingreso en prisión. La filtración referida a esta oferta es el fundamento de la acusación por la que García Ortiz fue procesado.

El medio detalló que el cese de García Ortiz representó la culminación de un mandato que ya atravesaba dificultades, dado su vínculo previo con Dolores Delgado, ministra de Justicia en la anterior administración y a quien respaldó como mano derecha durante su gestión. Esta relación se mantuvo en el foco durante la sucesión de acontecimientos que desembocaron en la investigación judicial y posterior fallo del Supremo.

Según la información publicada, la composición del tribunal que dictó la sentencia estuvo marcada por un predominio de magistrados conservadores, aunque dos juezas progresistas discreparon y manifestaron su desacuerdo mediante votos particulares. El fallo que decretó la inhabilitación para García Ortiz vino precedido por un año de debates y maniobras legales iniciados desde que la mayoría del tribunal decidió, en octubre de 2024, iniciar acciones penales por la filtración.

Tal como publicó el medio, el Ministerio Público defiende ahora ante el Supremo que se revoque la condena impuesta, argumentando que no existieron elementos suficientes para acreditar la comisión del delito de revelación de secretos en el sentido penal que exige la normativa. La Fiscalía entiende que la actuación atribuida a García Ortiz no implica necesariamente una vulneración legal, por lo que la pena privativa de ejercer cargos públicos quedaría invalidada en caso de prosperar este recurso.

La secuencia de hechos, de acuerdo con la crónica, sitúa como punto de inflexión la información sobre la negociación propuesta por la defensa de González Amador al Ministerio Público. Dicha negociación, dirigida a admitir dos delitos fiscales bajo determinadas condiciones, fue el motivo por el que la Fiscalía elaboró un análisis jurídico posteriormente filtrado, hecho que desató la investigación sobre García Ortiz y dio lugar al proceso penal en su contra.

De acuerdo con la versión difundida por el medio, el caso ha generado un impacto relevante en el ámbito institucional debido a la posición que ocupaba García Ortiz y a las implicaciones para el equilibrio de poder dentro de la cúpula judicial. El recurso presentado por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo representa el último paso en un recorrido judicial caracterizado por la controversia política y por la atención mediática que han acompañado a los protagonistas del proceso.

La información proporcionada indica que el fallo condenatorio significó la salida forzada de García Ortiz, quien había asumido la titularidad como fiscal habiendo ejercido previamente un papel destacado en la estructura de la Fiscalía General del Estado, junto a Dolores Delgado. El desarrollo de los acontecimientos y la decisión tomada por el Supremo significaron la interrupción de su carrera institucional, en medio de un contexto de tensiones entre los distintos sectores políticos implicados en la causa y en la configuración del órgano judicial.

En suma, la solicitud de la Fiscalía al Supremo busca revertir la inhabilitación de García Ortiz por presunta revelación de secretos vinculada al proceso penal sobre delitos fiscales en el entorno de Isabel Díaz Ayuso. El caso continúa abierto a la espera de que el máximo órgano judicial determine si mantiene o deja sin efecto la sentencia, tal como informaron los medios de comunicación.