Sumar pide explicaciones al Gobierno por el bloqueo "masivo" de direcciones de IP durante partidos de la Liga de fútbol

La actuación de LaLiga durante la emisión de los partidos de fútbol en España generó cortes generalizados de acceso a Internet que afectaron a miles de páginas web sin relación con la difusión no autorizada de contenidos deportivos. Empresas tecnológicas, como Cloudflare, denunciaron que el bloqueo de direcciones IP compartidas, implementado en los encuentros futbolísticos, impactó en servicios informativos, plataformas comerciales, educativas y de comunicación. El grupo parlamentario Sumar señaló que este tipo de interrupciones se producen sin transparencia y sin mecanismos claros de control o reparación para los afectados. La noticia principal radica en la petición de Sumar al Gobierno español para que explique los bloqueos masivos, detallando sus consecuencias sobre webs legítimas y el acceso de usuarios, medios y empresas.

Según informó Europa Press, Sumar, socio minoritario del Ejecutivo, solicitó explicaciones sobre los bloqueos recurrentes y masivos de direcciones IP en coincidencia con los partidos de la Liga española de fútbol. La petición se fundamenta en informaciones aparecidas en diversos medios, que indican que los bloqueos se estarían aplicando a través de resoluciones judiciales dirigidas directamente a operadores de telecomunicaciones, y no a proveedores de servicios de infraestructura global. Esta diferencia de aplicación, remarcó Sumar, distingue a España de otros países europeos, donde se adoptan modelos alternativos para combatir la retransmisión no autorizada de contenidos deportivos.

El texto promovido por Sumar y recogido por Europa Press expone que la ejecución técnica en España se caracteriza por ser indirecta, amplia y poco precisa, lo que ha llevado al fenómeno conocido como sobrebloqueo. Esto ocurre cuando medidas orientadas a bloquear contenidos ilícitos terminan restringiendo también el acceso a miles de sitios web legales y ajenos a cualquier infracción de derechos de propiedad intelectual. Empresas proveedoras de servicios de infraestructura de Internet a nivel global subrayaron supuestas deficiencias técnicas en estos bloqueos generalizados, argumentando que afectan la disponibilidad de servicios esenciales y generan daños colaterales innecesarios en la red.

El medio Europa Press detalló que LaLiga, como organizadora de las competiciones profesionales de fútbol y gestora de los derechos audiovisuales, fue mencionada como responsable directa de bloqueos que utilizaron direcciones IP compartidas por múltiples dominios. Según las denuncias recogidas por la plataforma Cloudflare y secundadas por Sumar, estos bloqueos provocaron “graves cortes de Internet en toda España durante los partidos”, repercutiendo sobre una vasta variedad de servicios no relacionados con la retransmisión deportiva. Estas afectaciones alcanzaron tanto a usuarios individuales como a plataformas informativas, proyectos educativos y negocios en línea.

Sumar manifestó en el Congreso, mediante un escrito al que accedió Europa Press, su preocupación por el hecho de que, pese a los impactos señalados sobre derechos fundamentales y el funcionamiento regular de Internet, LaLiga no haya dado explicaciones ni asumido responsabilidad pública por las consecuencias de estas medidas técnicas. El portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, expresó en redes sociales que “El lucrativo negocio del señor Tebas con La Liga está pasando por encima de los derechos de los internautas y de la ciudadanía a usar Internet. La lucha contra la 'piratería' no justifica estos abusos”.

El grupo parlamentario solicitó que el Gobierno instaure un mecanismo de supervisión y control capaz de garantizar la transparencia en el proceso y evitar bloqueos masivos e indiscriminados. Además, Sumar planteó que no existen datos concluyentes sobre la efectividad real de estos bloqueos para frenar la piratería digital de manera significativa, cuestionando la proporcionalidad y necesidad de las medidas frente a los efectos adversos generados.

Según publicó Europa Press, Sumar dirigió varias preguntas al Ejecutivo, reclamando conocer si el Gobierno dispone de información precisa sobre el alcance e impacto de los bloqueos de IP destinados a contener la retransmisión ilícita durante partidos de fútbol, y cómo se ha supervisado técnica y jurídicamente la aplicación de estos bloqueos para evitar el sobrebloqueo que podría afectar a terceros. También inquirieron sobre las actuaciones adoptadas para que los bloqueos se adecúen a los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima afectación a las plataformas legítimas.

El grupo parlamentario demandó saber si existen mecanismos de transparencia, control o rendición de cuentas para identificar, impugnar o reparar bloqueos indebidos, y si el Gobierno ha solicitado información concreta a LaLiga o a las operadoras de telecomunicaciones acerca del alcance, la duración y los efectos de los bloqueos implementados. Además, Sumar pidió datos sobre el impacto de estas medidas en la reducción de la piratería digital y consultó si el Ejecutivo planea adoptar alternativas o medidas complementarias que permitan conciliar la protección de los derechos de los usuarios de Internet con la lucha contra la distribución no autorizada de contenidos.

Europa Press reportó que en el trasfondo del debate se encuentra la tensión entre la protección de los derechos audiovisuales en los espectáculos deportivos y la preservación del acceso a Internet de los ciudadanos, medios de comunicación, empresas y colectivos educativos que operan dentro de la legalidad. Sumar subrayó que la carencia de controles efectivos incrementa la incidencia de daños colaterales para usuarios y plataformas ajenas al problema original. El grupo sostiene que las actuales órdenes de bloqueo judicial en España carecen de los elementos de supervisión e informan que, en otros países europeos, los modelos empleados buscan equilibrar más cuidadosamente la protección de la propiedad intelectual y la preservación de derechos fundamentales como el acceso libre a la información y las redes.

El grupo solicitó al Gobierno que informe de manera detallada sobre todas las medidas de supervisión técnica y jurídica impulsadas hasta el momento, así como sobre las previsiones futuras para perfeccionar el sistema de bloqueo, aspirando a prevenir la repetición de incidentes que perjudiquen servicios legítimos y usuarios ordinarios de la red. La demanda también incluyó la exigencia de mecanismos que permitan reparar, de manera ágil y accesible, cualquier bloqueo indebido que surja a partir de la aplicación de estas resoluciones judiciales.