La Audiencia Nacional bloquea cuentas bancarias de Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el socio de Cerdán

El grupo conocido como “Hirurok” atrajo la atención de la Audiencia Nacional por su presunta implicación en la gestión irregular de distintos contratos públicos entre 2021 y 2023, que involucraron a varias administraciones y habrían adoptado diversas estrategias para salvaguardar la confidencialidad de sus operaciones. Según reportó Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción Número 5, presidido por Santiago Pedraz, dictó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de Leire Díez, exmilitante del PSOE, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxon Alonso, quien figura como socio del dirigente socialista Santos Cerdán, medida que se enmarca dentro de una investigación dirigida a esclarecer una presunta trama de cobro de comisiones por ayudas y contratos públicos.

La resolución, adelantada por El Confidencial y confirmada por Europa Press a través de fuentes judiciales, tuvo su origen en las primeras actuaciones del Juzgado Central de Instrucción Número 6, bajo la dirección del magistrado Antonio Piña, quien por turno de guardia lideró las diligencias iniciales antes de que la causa quedara en manos de Pedraz. El principal foco de la fiscalización recae sobre el supuesto cobro de 700.000 euros en comisiones ilegales, obtenidas mediante la instrumentalización de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI a través de cinco operaciones concretas.

El medio Europa Press detalló que las pesquisas corresponden a una investigación promovida por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según estas indagaciones, el grupo “Hirurok” habría empleado su influencia para redirigir expedientes administrativos a su favor, aprovechando la posición y las relaciones de sus integrantes, con el fin de obtener beneficios económicos a través de procedimientos de contratación y facturación que, de acuerdo con los investigadores, carecen de legitimidad. En este contexto, los fondos se canalizaron preferentemente mediante la mercantil Mediaciones Martínez.

El periodo de actividad bajo sospecha, según la resolución del magistrado Piña, abarca al menos desde 2021 hasta 2023. Durante ese tiempo, las actividades del grupo se habrían extendido a diversas zonas del país, logrando acuerdos favorables en varias administraciones públicas y recurriendo a diferentes cargos públicos. De acuerdo con la información recopilada por Europa Press, la intención de los implicados era obtener el mayor beneficio posible sirviéndose de sus contactos y de la estructura de empresas públicas ligadas a la SEPI, organismo que Fernández encabezó desde junio de 2018 hasta octubre de 2019.

El magistrado Piña, tras tomar declaración a los implicados durante el avance de la instrucción, resolvió concederles la libertad provisional, aunque les impuso medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de comparecer cada quince días ante la sede judicial, según reportó Europa Press.

Las actuaciones en curso, coordinadas entre los juzgados y la Fiscalía Anticorrupción, tienen por objeto esclarecer si, tal como apuntan los indicios recogidos por la UCO de la Guardia Civil y expuestos en la resolución judicial, el grupo “Hirurok” habría articulado una estructura de organización criminal orientada a aprovecharse de recursos públicos mediante la manipulación de expedientes y la obtención de comisiones indebidas. Hasta el momento, aparte del bloqueo de cuentas, la instrucción se centra en analizar el alcance de los movimientos financieros y la posible implicación de otros altos cargos en la estructura investigada.