
La Audiencia Nacional (AN) ha fijado para septiembre de 2027 el juicio contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por las presuntas irregularidades cometidas en adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal de Isabel II y que supuestamente tenían como objetivo obtener comisiones ilegales con la intermediación de sociedades afines al exdirigente del PP.
El juicio de esa pieza del 'caso Lezo' se prevé celebrar entre el 13 y el 30 de septiembre de 2027, según ha adelantado 'eldiario.es' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press este martes.
La Fiscalía Anticorrupción reclama 6 años de cárcel y una multa de 550.000 euros para el exdirigente madrileño por dos delitos de cohecho, penados cada uno con tres años de cárcel.
Idéntica condena por los mismos delitos solicita para el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez; para el hermano de Ignacio González Pablo Manuel; para su cuñado José Juan Caballero, y para el socio de la empresa TCT José Antonio Clemente.
Anticorrupción explica en su escrito, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, que esta pieza de 'Lezo' comprende los hechos relativos a las presuntas ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II.
Ese concurso fue licitado por el Canal y adjudicado en marzo de 2003 a 'ACS Proyectos, Obras y Construcciones' que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse 'Dragados', precisa.
La Fiscalía indica que al año de realizarse la adjudicación, desde la dirección del Canal, ostentada entre otros por González ---presidente del ente público y vicepresidente madrileño entre los años 2003 y 2012---, con el fin de beneficiar a familiares, "se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".
Señala que guiados con ese fin convinieron con Dragados que el Canal del Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado imponiéndole para ello la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT).
Los socios de esa empresa eran Clemente, el hermano del presidente y Caballero, si bien estos dos últimos ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid, añade.
La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, merced a la intervención de, entre otros, González, según el escrito.
Además, en julio de 2006 se convocó otro concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de CYII-Tercer Depósito y en diciembre se acordó por unanimidad su adjudicación a la UTE formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras.
"De todos los asistentes a ese Consejo solo los acusados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo", añade.
Para la Fiscalía, "la actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones".
TCT NO TENÍA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN
En cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados, el 15 de junio de 2006, con anterioridad a que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos aduciendo que en un concurso había sido la oferta más ventajosa.
Lo cierto es que los socios de TCT habían acordado reservadamente con los responsables de Dragados "incrementar en un 47% el importe a cobrar", según Anticorrupción.
El 15 de junio de 2006 --indica-- Dragados firmó con TCT ese contrato por importe de 160.204,79 euros, cuyo objeto era la ejecución de un hoyo número 4 de prueba en el campo de golf, si bien este objeto se amplió después con cuatro anexos de fechas 10 de agosto, 15 y 24 de noviembre de 2006 y 14 de febrero de 2007 por importes respectivos de 2.292.232,82 euros, 298.830,24 euros, 286.270,58 euros y 30.326,40 euros. Así, el total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros.
Tras exponer estas cifras, la Fiscalía indica que TCT se fundó en mayo de 2003 con la razón social de trabajos de ingeniería y que no fue hasta 2008 cuando incluyó la realización de proyectos deportivos, pese a que "la sociedad carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos incluidos en el modificado".
EL 8 POR CIENTO DE INTERMEDIACIÓN
Dado que los encausados eran incapaces de ejecutar esos trabajos deportivos, los subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, señala, acordando con ellas percibir una comisión del 8 por ciento por su intermediación.
Además, Anticorrupción indica en el escrito que acusados fueron repartiéndose parte de los beneficios "según un plan perfectamente documentado".
La Fiscalía también apunta que en 2006 el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de ese tercer depósito a una UTE formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras (de Dragados).
Tras la adjudicación, esa UTE constituyó --señala-- la sociedad Green Canal Golf que firmó en 2007 la concesión, y al poco subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros.
A su vez, ese mismo día TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el canon mensual a 7.941 euros, consiguiendo así, por su mera intermediación, un beneficio aproximado de 124.000 euros.
Últimas Noticias
La participación en las elecciones extremeñas cae casi seis puntos a las 14.00 y se sitúa en el 35,74%
Un descenso significativo respecto a los comicios previos marca el avance de la jornada en Extremadura, con cifras de participación inferiores tanto en Badajoz como en Cáceres, según el balance oficial de las autoridades autonómicas

Feijóo comparecerá el 29 de diciembre ante los medios para hacer balance del curso político

Sánchez se solidariza con Dinamarca y Groelandia y pide respeto a su "soberanía e integridad territorial"

El PP subraya que los extremeños han pedido un gobierno de la derecha encabezado por Guardiola y emplaza a Vox a pactar

Oscar Puente responde a Jordi Sevilla acusándole de no pisar una sede socialista desde "su primera comunión"



