La AN fija para septiembre de 2027 el juicio a Ignacio González por adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal

Entre los datos económicos incorporados en el escrito de Anticorrupción figura que la sociedad TCT obtuvo un beneficio de al menos 504.780 euros a través de contratos financiados con fondos públicos, según el relato de la Fiscalía contenido en la acusación contra Ignacio González. En este contexto, la Audiencia Nacional ha estipulado que el juicio relacionado con las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras y la explotación del campo de golf del Canal de Isabel II se celebre entre el 13 y el 30 de septiembre de 2027, abarcando al exdirigente madrileño y varios de sus familiares y colaboradores. El medio eldiario.es avanzó la fecha fijada, información luego confirmada por fuentes jurídicas a Europa Press.

De acuerdo con eldiario.es, la acusación de la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión y una multa de 550.000 euros para González por dos presuntos delitos de cohecho, cada uno con una pena de tres años de cárcel. La misma condena es solicitada para Ildefonso de Miguel Rodríguez, exgerente del Canal de Isabel II; para Pablo Manuel González, hermano del expresidente; para su cuñado José Juan Caballero; y para José Antonio Clemente, socio de TCT. Todos están incluidos en esta pieza del conocido ‘caso Lezo’, que analiza posibles delitos en la adjudicación y gestión de proyectos vinculados al Canal de Isabel II.

Anticorrupción describe en su informe que los hechos investigados giran en torno al proceso de contratación para las obras de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento de la cubierta del tercer depósito del Canal. El contrato original fue licitado y adjudicado en marzo de 2003 a la empresa ACS Proyectos, Obras y Construcciones, que luego adoptó la denominación de Dragados. la Fiscalía sostiene que, un año después de la adjudicación, la dirección del Canal —bajo el liderazgo de González y otros ejecutivos— impulsó un modificado del contrato, pese a los cambios sustanciales que debían haber implicado una nueva licitación. El objetivo, según el Ministerio Público, era beneficiar a familiares del expresidente.

El Ministerio Público afirma que se acordó con Dragados que la adjudicación del modificado se haría a condición de que se subcontratara con la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT). Los socios de TCT incluían tanto a Clemente como a Pablo Manuel González y José Juan Caballero, aunque estos dos últimos ocultaban su vinculación familiar a través de otras personas, precisa el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press.

El documento añade que la aprobación y adjudicación directa de ese modificado a Dragados tuvo lugar el 19 de julio de 2006, en una reunión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, con la participación de González entre otros. Unos días después, en julio de 2006, se licitó otro concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas del tercer depósito de la entidad, que finalmente se adjudicó en diciembre del mismo año a una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras, filial de Dragados.

De acuerdo con Anticorrupción, “de todos los asistentes a ese Consejo solo los acusados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo”. El Ministerio Público señala que la actuación de los imputados permitió que TCT, pese a no tener la experiencia ni la capacidad técnica para llevar adelante los trabajos contratados, actuara como empresa intermediaria y obtuviera un beneficio económico derivado de esas operaciones.

El escrito de Anticorrupción detalla que Dragados firmó el 15 de junio de 2006 un contrato con TCT por valor de 160.204,79 euros, aprobado antes de la adjudicación formal del modificado. Ese acuerdo contemplaba la ejecución de un hoyo de prueba en el campo de golf, pero posteriormente fue ampliado con cuatro anexos: el 10 de agosto, el 15 de noviembre, el 24 de noviembre de 2006 y el 14 de febrero de 2007, sumando importes de 2.292.232,82 euros, 298.830,24 euros, 286.270,58 euros y 30.326,40 euros, respectivamente. Según la Fiscalía, la suma de estos trabajos adjudicados a TCT ascendió a 3.067.864,83 euros. Sin embargo, Anticorrupción señala que la actividad principal de TCT, constituida en mayo de 2003, era la ingeniería y hasta el año 2008 no incluyó formalmente proyectos deportivos en su objeto social.

El análisis de los contratos, según reportó la agencia Europa Press, indica que TCT no ejecutó directamente los trabajos asignados, sino que recurrió a subcontratar a Onlygolf Planning and Design y a Fieldturf España. Para la Fiscalía, este proceder permitió que los acusados pactaran el cobro de una comisión del 8 por ciento en virtud de su función de intermediarios. Los fiscales alegan que este esquema permitió el reparto de parte de los beneficios entre los investigados, “según un plan perfectamente documentado”.

En relación con la adjudicación de la explotación de las instalaciones deportivas, la UTE formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras constituyó la sociedad Green Canal Golf tras la concesión. Esta entidad firmó en 2007 el contrato de gestión y, acto seguido, subcontrató con TCT el mantenimiento del césped por cinco años, con una tarifa mensual de 9.875 euros. TCT, al no disponer de medios propios para ese trabajo, firmó ese mismo día un contrato con Onlygolf, por un importe mensual inferior de 7.941 euros, reteniendo de esa operación una diferencia estimada de 124.000 euros como intermediación.

El escrito de Anticorrupción sostiene que estos acuerdos y operaciones se realizaron siguiendo un plan para desviar fondos públicos a través de la adjudicación y subcontratación de proyectos a empresas vinculadas familiarmente con González, y señala que ninguno de los titulares del Consejo, al margen de los acusados, tuvo conocimiento de los lazos familiares dentro de TCT.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el proceso judicial examinará el presunto desvío de fondos públicos y la generación de comisiones ilegales a través de una red de empresas instrumentales vinculadas a los implicados. La Fiscalía exige penas de prisión y sanciones económicas, argumentando que se recurrió a adjudicaciones directas y modificaciones contractuales sin los controles previstos para favorecer los intereses privados de los procesados.

Según detalló eldiario.es, la investigación y la acusación de Anticorrupción giran en torno a la intermediación de sociedades próximas a la familia González en contratos del Canal de Isabel II, analizando el modo en el que supuestamente se utilizaron esas empresas para obtener beneficios económicos indebidos a través de la manipulación de procesos administrativos y la omisión de informar sobre vinculaciones personales entre los actores del caso.