PSPV exige a Llorca el cese de Valderrama "tras constatar que ocultó de forma intencionada información sobre dana"

Una fotografía considerada esencial sobre el funcionamiento del Cecopi y registros sobre el acceso de responsables públicos a este centro aparecieron en el debate político tras ser publicados por la Presidencia de la Generalitat, generando cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de emergencias. Según informó el medio, el grupo socialista en Les Corts inició acciones formales ante la justicia y exigió el cese inmediato del conseller Juan Carlos Valderrama, argumentando que ocultó información relevante de manera deliberada en la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana).

De acuerdo con la publicación, la base de la demanda del PSPV-PSOE reside en documentos presentados al Juzgado de Instrucción de Catarroja, donde se detalla que, en al menos tres situaciones, se habría limitado el acceso de los parlamentarios autonómicos a información esencial relacionada con emergencias en la Comunidad Valenciana. El medio relató que una de las peticiones denegadas se originó el 26 de febrero de 2024, cuando la diputada socialista Alicia Andújar solicitó, bajo el número 13.514, información específica sobre la operativa interna del Centro de Coordinación de Emergencias, acceso de altos cargos y el funcionamiento del sistema de videovigilancia. El informe de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), fechado el 31 de marzo y consignado por el medio, contenía detalles de movimientos en el Cecopi, mapas y características técnicas del sistema de vigilancia.

Sin embargo, la respuesta firmada por el conseller Valderrama denegó el acceso a estos datos, argumentando la protección conferida por la Ley de Transparencia. El PSPV-PSOE cuestionó esta justificación, asegurando que en el informe técnico entregado por la AVSRE no se hacía referencia a ese marco legal para limitar la información. Así lo detalló también el medio, al señalar que fueron excluidos de la entrega datos sobre la llegada de varios altos cargos, entre ellos Carlos Mazón, Salomé Pradas y Vicent Mompó, así como las imágenes de registro del sistema de videovigilancia demandadas en varias ocasiones por el grupo socialista.

El medio añadió que, el mismo 26 de febrero, la diputada Andújar presentó otra solicitud, registrada como 13.516, centrada en la identificación del funcionario encargado de certificar las imágenes remitidas al juzgado relacionadas con el protocolo interno del Cecopi. El informe elaborado por la AVSRE atribuyó esa función al Coordinador de Prevención de Emergencias, pero la respuesta oficial de la Conselleria, nuevamente, omitió proporcionar dicha información.

Los requerimientos siguieron: bajo el número 13.515, Andújar pidió conocer quién autorizó la preservación de grabaciones de videovigilancia del 29 de octubre de 2024, y bajo el 13.517, solicitó detalles de los protocolos para la conservación de esos materiales. Documentos internos de la AVSRE adjudicaban la responsabilidad a la dirección y subdirección general de la agencia. No obstante, el conseller Valderrama agrupó ambas preguntas en una respuesta única donde se hacía referencia solo a disposiciones generales, sin precisar ni responsables ni procedimientos operativos y escudándose de nuevo en la Ley de Transparencia, según destacó el medio.

La diputada socialista afirmó, de acuerdo con el medio, que la Conselleria no remitió en ningún momento la documentación solicitada ni los informes preparados por los técnicos, pese a la insistencia reiterada en sus preguntas. El acceso al material únicamente se concretó después de que un trabajador lo presentara directamente ante el juzgado. Alicia Andújar, siempre según el reporte, calificó estos hechos como “una vulneración inaceptable” de los derechos de los parlamentarios autonómicos y demandó formalmente el cese del conseller ante el presidente de la Generalitat.

Por su parte, funcionarios de la Conselleria de Emergencias e Interior expusieron a ese medio que la vía procesal pertinente para impugnar respuestas oficiales insatisfactorias, como la contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia, no fue utilizada por la diputada Andújar, a pesar de su experiencia jurídica. Según estas fuentes, la omisión de este procedimiento adecuado sugiere que las quejas carecen de la gravedad que denuncia el grupo socialista. Añadieron que el PSPV-PSOE estaría buscando “ruido y cortinas de humo” para desviar la atención de su papel como oposición, informó el medio.

La Conselleria reiteró a ese medio que las actuaciones gubernamentales del último año se ajustaron completamente a la legalidad vigente, asegurando la protección jurídica y operativa del Centro de Coordinación de Emergencias. Los portavoces rechazaron que la oposición haya agotado las vías institucionales para resolver las dudas planteadas y defendieron que el trato y la entrega de información requeridos por Les Corts cumplieron con la normativa y los protocolos establecidos.

El medio detalló que la controversia sobre el acceso a información y el cumplimiento de las obligaciones legales continúa generando debate tanto en el ámbito parlamentario como judicial de la Comunidad Valenciana. La discusión se mantiene abierta sobre la interpretación de la transparencia y la rendición de cuentas en situaciones de emergencia, mientras las partes presentan posiciones opuestas y la documentación y testimonios relevantes permanecen bajo escrutinio de las autoridades y de la opinión pública.