Marlaska defiende el cese del jefe de la Policía en Lleida y pide disculpas a las víctimas de acoso sexual

La actuación inmediata para destituir al comisario jefe de la Policía Nacional en Lleida, Antonio José Royo Subías, tras revelarse su condena pasada por acoso sexual, dominó el debate político en el Senado. Según consignó el medio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó ante la Cámara Alta que la orden de cese fue dictada “de manera inmediata” en cuanto se conocieron los antecedentes judiciales del mando policial. El ministro desvinculó su responsabilidad en el nombramiento de Royo Subías y puso el foco en la protección de las víctimas y la defensa de valores institucionales.

Durante su intervención en el Senado, Grande-Marlaska ofreció disculpas públicas a las personas víctimas de acoso sexual dentro del cuerpo policial, subrayando el compromiso institucional frente a estas conductas. Según informó la fuente, el ministro atribuyó la designación de Royo Subías a otra “autoridad dentro del Ministerio del Interior”, sin identificarla, pero remarcó que su intervención decisiva fue ordenar el cese “sin vacilaciones”, más allá de cualquier recurso judicial que pudiese interponerse contra esa decisión.

La sesión parlamentaria también incluyó cuestionamientos destacados por parte de la senadora Sara Bailac, representante de Esquerra Republicana (ERC). Como reportó el medio, Bailac criticó que la designación de Royo Subías enviaba un mensaje erróneo a la sociedad y señaló el historial del mando policial, quien fue condenado en 1999 por la Audiencia de Guipúzcoa y el Tribunal Supremo. Ambos tribunales constataron que el comisario presionó a una subordinada para mantener relaciones sexuales y que le propinó “un manotazo en los glúteos”, según recogió el medio.

ERC extendió sus críticas no solo a la reciente asignación del comisario, sino también a su carrera profesional posterior a la condena. Según relató la fuente, Royo Subías continuó ocupando cargos en unidades de lucha contra la violencia de género y más tarde fue destinado a una embajada, lo que fue interpretado por este grupo parlamentario como un reconocimiento institucional, pese al fallo judicial condenatorio previo.

Grande-Marlaska, durante el debate, defendió la política feminista de su Ministerio del Interior e insistió en que la condena de 1999 impuso una multa pero no supuso inhabilitación profesional, matizando que la legislación vigente prevé la rehabilitación y supresión de antecedentes con el paso del tiempo. Según detalló el medio, el ministro reconoció la inquietud social sobre la conveniencia de que agentes policiales permanezcan en activo tras ser condenados por hechos similares. Expresó abiertamente: “Otra cosa, y puedo estar conforme con usted, es que si una persona es condenada por hechos de esa naturaleza ya pierda la condición de policía, pero esa no era la situación, nuestra actuación en todo momento ha sido efectiva, directa y sin ningún tipo de contemplaciones”.

El medio publicó que Grande-Marlaska valoró la intervención de la prensa, cuya cobertura permitió que los hechos salieran a la luz y se adoptaran medidas inmediatas, en referencia a la “destitución fulminante” del mando policial que él mismo ordenó. Adicionalmente, explicó que desde 2023 la Policía Nacional dispone de un nuevo régimen disciplinario y de un Plan de Igualdad específico para abordar y prevenir casos de acoso sexual en el cuerpo.

La explicación del ministro se produjo en un contexto institucional de atención creciente a los casos de violencia de género y acoso sexual dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Durante el debate en el Senado, se examinaron desde datos procesales hasta posturas políticas y cuestiones relativas a la idoneidad y efectividad de los protocolos internos diseñados para gestionar este tipo de conductas.

Grande-Marlaska aseguró que la gestión ministerial se guía por la defensa de los valores democráticos y la actuación inmediata ante incumplimientos éticos, priorizando siempre la salvaguarda de los derechos y la integridad de las mujeres dentro de las instituciones policiales.