
El arresto efectuado por la UDEF de Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, tuvo lugar apenas tres días después de mantener una reunión en una zona restringida de patrimonio estatal junto con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de esa coincidencia temporal, el Partido Popular ha dirigido una serie de preguntas al Gobierno central, con el objeto de aclarar si altos funcionarios facilitaron algún tipo de información sensible o autorizaron irregularmente el uso de espacios estatales para encuentros con personas investigadas. Según informó Europa Press, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, solicitó explicaciones inmediatas sobre las autorizaciones y las condiciones en que se celebró esa cita privada en un recinto propiedad de Patrimonio Nacional.
El Grupo Popular exige al Ejecutivo que detalle con precisión qué órgano autorizó la reunión privada en ese espacio de acceso restringido, bajo qué argumentos justificativos se realizó la autorización y si el uso de recursos materiales y humanos del Estado para esta actividad se ajustó a la normativa vigente. Tal como consignó Europa Press, las preguntas parlamentarias incluyen la petición de un inventario exacto tanto de los medios materiales como del personal estatal asignado a la seguridad y logística del encuentro entre Zapatero y Martínez el pasado 8 de diciembre.
Entre las preocupaciones expresadas figura la naturaleza confidencial del lugar donde se produjo la reunión, cuya titularidad y gestión depende de Patrimonio Nacional y al que sólo se accede mediante procesos controlados. En ese sentido, los populares solicitan información detallada sobre los procedimientos, permisos o registros de seguridad que existan relacionados con la presencia de ambos protagonistas en la fecha señalada. Según publicó Europa Press, el Partido Popular sostiene que los elementos visuales y documentales emitidos en medios de comunicación sobre el evento justifican la necesidad de una respuesta oficial transparente y documentada por parte del Gobierno.
Además de indagar sobre el acceso al recinto, el PP demanda que el Ejecutivo explique si la reunión implicó en algún momento un uso no legítimo de recursos públicos, o si pudo suponer una interferencia o afectación a investigaciones policiales en marcha. El grupo opositor insiste en la necesidad de que el Gobierno garantice de manera fehaciente que, ni directa ni indirectamente, se han producido filtraciones de datos reservados a individuos que se hallan sometidos a procesos judiciales, como Martínez, quien fue detenido horas después de encontrarse con el exjefe del Ejecutivo socialista.
Otra cuestión dirigida al Gobierno aborda la existencia de antecedentes similares: el PP pregunta expresamente si ha habido otras reuniones privadas entre representantes políticos y personas sujetas a investigaciones judiciales en instalaciones bajo control de Patrimonio Nacional, y, en caso afirmativo, en qué circunstancias y bajo qué criterios se concedieron dichas autorizaciones. Europa Press señala la demanda popular para que el Ejecutivo explique en detalle los procedimientos regulares y extraordinarios vigentes para el uso restringido de estos espacios públicos, especialmente fuera del horario habitual.
La formación conservadora pone el foco en el papel de Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, titulares de las carteras de Presidencia e Interior, respectivamente, interrogando sobre el conocimiento específico de ambos sobre lo ocurrido, así como acerca de su grado de intervención institucional en la autorización y seguimiento de acceso a la zona restringida por parte de Zapatero y del directivo de Plus Ultra. De acuerdo con Europa Press, en el escrito elevado al Congreso los populares reclaman responsabilidades políticas en caso de que se compruebe que altos funcionarios han colaborado en la filtración de información a interrogados o investigados judicialmente.
Durante su comparecencia ante los medios, Muñoz empleó una frase textual reproducida por Europa Press al expresar que su formación ve necesario averiguar si "el Gobierno ha facilitado el chivatazo a un delincuente o el chivatazo entre delincuentes", en referencia a la posibilidad de transmisión de información sensible poco antes de la detención de Martínez. Según detalló Europa Press, Muñoz insistió en aclarar por qué las autoridades permitieron el acceso a una zona especialmente protegida y destacó que, según los indicios recabados, el empresario eliminó correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de su teléfono móvil previo a su arresto.
El Partido Popular, según la misma agencia, extiende sus cuestionamientos a las supuestas conexiones del expresidente Zapatero con redes internacionales bajo sospecha por actividades consideradas irregulares, entendiendo que esos vínculos requieren una respuesta “clara y oficial” por parte del Ejecutivo. En conjunto, el registro de preguntas busca obtener del Gobierno central documentación exhaustiva sobre los criterios y procedimientos adoptados para el uso de recursos e instalaciones públicas, así como información sobre el posible impacto de esa reunión privada en el avance de las investigaciones judiciales abiertas contra el directivo de Plus Ultra.
En las preguntas presentadas, los populares reclaman que la Administración central aclare si existe algún tipo de documentación interna o registro de seguridad relativo a la presencia de ambos asistentes la jornada del encuentro, e insta al Ejecutivo a proporcionar toda la información pertinente tanto al Congreso como a la opinión pública, buscando disolver cualquier duda sobre la legalidad, el uso de fondos públicos y la gestión institucional en la autorización de reuniones con personas sujetas a investigación judicial, de acuerdo con la cobertura publicada por Europa Press.
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