La comisión del Congreso sobre la dana recibe hoy a Salomé Pradas y a un colaborador de Mazón en la Generalitat

Los mensajes que Salomé Pradas envió al presidente Carlos Mazón y al jefe de gabinete de la Presidencia, José Manuel Cuenca, durante las horas más críticas de la catástrofe meteorológica del 29 de octubre de 2024, constituyen uno de los ejes del actual sumario judicial sobre la gestión autonómica de la emergencia en la Comunitat Valenciana. Según publicó el medio que sigue de cerca la investigación, la comisión parlamentaria del Congreso profundiza en la revisión de estas comunicaciones internas —registros de llamadas, mensajes y archivos digitales— junto con los comunicados dirigidos a la ciudadanía, con el propósito de esclarecer el grado de coordinación y ajuste a los protocolos oficiales por parte de los responsables políticos y técnicos autonómicos durante la crisis que dejó 230 personas fallecidas y daños significativos en infraestructura.

De acuerdo con la información recopilada por el citado medio, una conversación telefónica de poco más de cinco minutos entre Salomé Pradas, entonces consellera de Emergencias, y Cayetano García Ramírez, secretario autonómico de Economía, se ha convertido en un punto focal tanto para la investigación judicial como para las pesquisas parlamentarias. Los investigadores se centran en cómo esta llamada reflejó la toma de decisiones ante el empeoramiento de las condiciones climáticas y la posible necesidad de declarar un confinamiento poblacional, así como en la relevancia del contenido y el momento en que se produjo esa comunicación ante la sucesión de alertas y fallecimientos.

El medio informó que los registros presentados por Pradas ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, responsable del expediente en Catarroja, aportan detalle sobre la secuencia de mensajes transmitidos en la jornada de la catástrofe. El 29 de octubre, a las 11:32 horas, Pradas actualizó a Mazón sobre la situación de las alertas locales y la recomendación de centrar la atención institucional en zonas de vulnerabilidad elevada por el avance del fenómeno meteorológico. A las 13:03, la exconsellera proporcionó información adicional sobre el agravamiento en áreas como la Ribera Alta, el Barranco del Poyo y el entorno del Río Magro, y continuó en contacto directo con Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, según consignó el mismo medio.

Antes del despliegue de los primeros equipos de rescate aéreo, Pradas informó a Mazón y a altos cargos del deterioro en Utiel, localidad que se volvería epicentro de los primeros fallecimientos. El medio explicó que a las 14:25, la interlocución entre Pradas y José Manuel Cuenca, jefe del gabinete de la Presidencia, se volvió decisiva. Allí se habló sobre la evolución de la emergencia y la urgencia de comunicación directa con Mazón para la toma de decisiones con repercusión ciudadana inmediata. A las 16:28, Pradas notificó a Cuenca sobre un fallecimiento en Utiel; ante la ausencia de respuesta inmediata, Cuenca trasladó la consulta a Cayetano García Ramírez para recibir asesoría sobre las posibilidades legales de dictar un confinamiento generalizado.

Las labores de García Ramírez, informadas tanto por la instrucción penal como por la comisión parlamentaria, adquirieron especial relevancia por su aporte jurídico-operativo durante la jornada. Según reportó el medio, la llamada que sostuvo con Pradas fue la más extensa entre los mandos ese día y está considerada clave para establecer cómo se interpretaron y ejecutaron las competencias institucionales bajo presión, con información cambiante y orientación a la protección directa de la población.

La reconstrucción de hechos presentada por el medio señala que, pasadas las 19:00, la dinámica dentro de la administración autonómica experimentó un cambio significativo. Cuenca optó por acompañar a Mazón hasta el centro de emergencias 112 para mantener una supervisión directa de la situación. Minutos antes de las 20:00, el propio Cuenca transmitió la orden de mantener el confinamiento en respuesta al agravamiento de las crecidas fluviales y la persistencia de condiciones hidrometeorológicas de riesgo en la Comunitat Valenciana.

Todo este corpus de comunicaciones, tiempos de respuesta y toma de decisiones compone el núcleo del análisis parlamentario y judicial en curso, según describió el medio. La finalidad es establecer si la actuación institucional respetó en todo momento los protocolos de emergencia autonómicos y si posibles desajustes en el flujo de información interna o externa tuvieron impacto en la gestión de la crisis.

El citado medio remarcó, además, que la comparecencia parlamentaria de Salomé Pradas se postergó debido a la instrucción penal en proceso. Tras una entrevista concedida por Pradas al programa ‘Salvados’ el 1 de diciembre, en la que reconoció errores en la respuesta institucional y citó entre ellos la carencia de una alerta urgente a Mazón para que se trasladara al Cecopi —centro estratégico en la gestión de emergencias— los grupos del Congreso fijaron una fecha definitiva para su declaración, superando las limitaciones de agenda derivadas de la causa judicial abierta y el debate sobre el derecho a no declarar.

El examen minucioso sobre las discrepancias o coincidencias entre los mensajes internos y los comunicados públicos difundidos por la Generalitat ocupa un espacio central en la comisión del Congreso y la investigación de la judicatura. La intención es determinar si existieron contradicciones o diferencias que influyeron en la efectividad de la respuesta a los distintos escenarios de riesgo que se sucedieron durante la jornada crítica. Según recogió el medio, José Manuel Cuenca declaró ante la magistrada Ruiz Tobarra que sus instrucciones y actuaciones en aquellas horas respondieron a necesidades urgentes de asesoría jurídica para la toma de decisiones que afectaron de manera directa a la ciudadanía.

La documentación suministrada tanto a sede parlamentaria como al juzgado es amplia y comprende todos los registros de llamadas, los mensajes instantáneos cruzados en intervalos clave y los archivos digitales protocolizados que permiten reconstruir cronológicamente el proceso de toma de decisiones. Este acopio de pruebas constituye la base de la revisión llevada adelante por la comisión del Congreso, cuya tarea es trazar una comparativa entre la información real intercambiada en los distintos niveles institucionales y el discurso oficial dirigido a la sociedad durante el episodio de emergencia.

Según reportó el medio, la comisión parlamentaria tiene previsto ampliar el listado de comparecencias, que ya incluye a responsables políticos y técnicos de la administración autonómica. El énfasis en la investigación recae tanto en la documentación y transmisión de órdenes como en la coordinación y la cadena jerárquica involucradas en la adopción de medidas frente a la emergencia y en la posterior comunicación de decisiones de impacto social.

Con estos elementos, la indagatoria busca arrojar luz sobre la actuación de la administración autonómica frente a una de las emergencias más relevantes en la historia reciente de la Comunitat Valenciana, considerando las circunstancias particulares de presión, la disponibilidad de información en tiempo real y la rapidez con la que debieron tomarse determinaciones que comprometen directamente el bienestar y la seguridad de la población.