París, 15 dic (EFECOM).- El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano integrado dentro del Consejo de Europa, ha admitido a trámite, por unanimidad, la reclamación que el sindicato UGT presentó contra España por no garantizar el derecho a la vivienda.
El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, ha informado este lunes de la decisión adoptada por el CEDS durante su última sesión, celebrada del 1 al 4 de diciembre pasados.
UGT interpuso esta queja el 17 de octubre de 2024, alegando que España incumplía varios artículos de la Carta Social Europea (CSE), a la que el país está vinculada desde el 1 de julio de 2021.
En concreto, UGT denunció que se vulneran seis artículos: el derecho a la vivienda, el derecho de las familias a la protección social, jurídica y económica, así como de los niños y jóvenes; el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a la protección y asistencia; el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social, ya sea de forma individual o en conjunción con el artículo de que prohíbe la discriminación.
El CEDS invitó al Gobierno español a presentar alegaciones por escrito sobre el fondo de la queja antes del 16 de febrero de 2026, tras lo cuál pedirá a UGT que presente una respuesta a las mismas en el plazo que determine el Comité, que analizará la queja colectiva y se pronunciará sobre ella "en el futuro", ha explicado hoy el Consejo de Europa.
En su denuncia, UGT alega que, debido a la escasez de vivienda social y a los altos precios en el mercado privado, el acceso asequible a una casa digna o adecuada no está garantizado para una parte significativa de la población española.
Y, en concreto, para los grupos vulnerables como los jóvenes, los trabajadores con bajos salarios y los inmigrantes.
En particular, el sindicato alega que el marco jurídico y político relativo al derecho a la vivienda es inadecuado, ya que el acceso a la misma se formula simplemente como un principio rector de la política social y económica, en lugar de un derecho genuino y justiciable.
UGT considera que el plazo de 20 años para alcanzar un parque mínimo de vivienda pública para las políticas sociales, establecido en la ley, es irrazonable y carece de objetivos inmediatos mensurables. EFECOM
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