Tres exaltos cargos de Madrid, citados de nuevo hoy por otro caso de residencias en los juzgados de Collado Villalba

Las investigaciones han puesto en foco la dificultad para determinar cómo se transmitieron y aplicaron muchas de las instrucciones durante los momentos de mayor tensión en la red de residencias madrileñas. En este escenario, el tribunal se concentra en identificar cómo la autonomía de los profesionales pudo verse afectada por las directrices emanadas desde la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid. Según reportó El País, la última citación judicial involucra a tres ex altos cargos de la administración autonómica —entre ellos Carlos Mur y Pablo Busca—, quienes han sido llamados a declarar hoy en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, después de haberse ausentado en citaciones anteriores, lo que llevó al tribunal a plantear medidas para asegurar su comparecencia. El objetivo de estas diligencias es clarificar el impacto real de aquellas órdenes sobre el traslado hospitalario de personas mayores durante la pandemia de COVID-19 y su repercusión directa en la atención ofrecida en los centros geriátricos.

De acuerdo con lo publicado por El País, el avance del proceso judicial implica la unificación de los previamente dispersos expedientes relacionados con la gestión de la crisis sanitaria en los geriátricos, con la finalidad de permitir una investigación global y cronológica sobre las decisiones adoptadas en la red de residencias de la Comunidad de Madrid. La Audiencia Provincial de Madrid ha impulsado la agrupación de estos procedimientos para facilitar el examen integral de las actuaciones desarrolladas por las autoridades sanitarias y los organismos responsables de los centros residenciales, lo que permitirá evaluar de modo conjunto todas las acciones y omisiones relevantes.

El inicio de la causa judicial, según detalló el mismo medio, se remonta a una denuncia concreta referida al fallecimiento de una persona en una residencia gestionada por Sanitas en Torrelodones. Desde ese caso inicial, la investigación fue ampliándose hasta abarcar la totalidad de la red de residencias madrileñas, prestando especial atención a las instrucciones emitidas desde los estamentos de salud y su materialización práctica tanto en residencias como en hospitales, entre los que figuran el Gregorio Marañón y el Puerta de Hierro.

El País especificó que las diligencias revisan en profundidad comunicaciones institucionales, correos electrónicos, documentos formales y testimonios tanto de personal directivo como de otros empleados de diferentes residencias. Uno de los focos principales radica en determinar si existieron instrucciones de carácter restrictivo, ya fueran directas o deducidas a partir de recomendaciones generales, que hayan condicionado el traslado hospitalario de los residentes, en especial durante el periodo de saturación máxima en los hospitales y residencias.

En el contexto de estas pesquisas, los testimonios recabados han reflejado posiciones divergentes. Mientras algunos trabajadores de residencias niegan haber recibido instrucciones concretas que limiten las derivaciones al hospital, otros han declarado haber recibido tanto órdenes escritas como verbales que restringieron estas transferencias, según recogió El País. Estas diferencias han resultado fundamentales para el avance del proceso, pues el tribunal busca esclarecer si las restricciones se debieron a mandatos expresos o si se trató de interpretaciones personales frente a la presión de la emergencia sanitaria.

Entre las voces recogidas por el tribunal figura la del geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo, cuyo testimonio —según consigna El País— subraya que las instrucciones transmitidas por la Consejería de Sanidad llegaron a limitar el margen de decisión profesional del personal sanitario, especialmente en un contexto de sobrecarga en todo el sistema. El análisis que realizan ahora los jueces no se limita a los protocolos sectoriales escritos, sino que abarca tanto la normativa vigente durante la pandemia como la manera en que las disposiciones se trasladaron a la práctica en centros y hospitales.

La investigación también contempla los efectos concretos de estas medidas, especialmente en el acceso de las personas mayores a los recursos hospitalarios. Los jueces evalúan la equidad con la que se asignó la atención sanitaria y las consecuencias físicas y psicológicas que las restricciones pudieron acarrear a los residentes, según publicó El País. Uno de los elementos centrales en la investigación es la doble naturaleza de las instrucciones: mientras algunos documentos oficiales fijan directrices, existen evidencias de la circulación de recomendaciones o restricciones transmitidas únicamente de forma verbal, lo que añade dificultad a la reconstrucción de hechos y responsabilidades.

El País detalló que la dispersión original de los procedimientos judiciales en varios juzgados representó una seria dificultad para obtener una visión global de la situación. Esta circunstancia motivó la intervención de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó la unificación de los expedientes para fortalecer la investigación y permitir el análisis conjunto tanto de responsabilidades administrativas como, eventualmente, de posibles responsabilidades penales.

El trabajo judicial continúa recolectando nuevas pruebas y versiones, e integra documentación que permita determinar si las actuaciones respondieron a la gravedad de la situación y si respetaron las normativas legales y los principios éticos en la atención a personas mayores. Las comparecencias que se desarrollan actualmente aportan elementos clave a la reconstrucción del flujo de órdenes y a la determinación de la proporcionalidad de las medidas adoptadas. La indagatoria toma en cuenta tanto la evolución de la pandemia como la adaptación de la red de residencias y hospitales al creciente desafío sanitario.

Todas estas actuaciones buscan responder a una pregunta central: cómo influyeron las decisiones institucionales en la protección, atención y derechos de la población mayor en un momento de crisis inédita. El empeño por reconstruir de manera exhaustiva el devenir de las instrucciones, sus efectos prácticos y la actuación de los responsables se mantiene como eje de la revisión judicial, según destacó El País.