Sumar acota a caso "particular" la detención de Leire Díez y recalca que su límite es la financiación irregular del PSOE

La reiterada aparición de casos judiciales relacionados con la presunta corrupción, y el impacto que estos tienen en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, enmarcó el análisis del portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar, Enrique Santiago, en su última intervención en el Congreso de los Diputados. Según consignó Europa Press, Santiago abordó la detención de Leire Díez, exmilitante socialista, como un caso individual que no se extiende automáticamente al PSOE como organización, subrayando la importancia de diferenciar entre acciones personales y conductas que impliquen a la totalidad de una formación política.

De acuerdo con información publicada por Europa Press, Santiago recalcó que los hechos que involucran solo a personas particulares deben considerarse en ese ámbito, sin hacer extensiva la presunción de responsabilidad al conjunto del partido, a menos que haya pruebas de una implicación directa de la estructura de la formación. En este sentido, Sumar estableció que su postura frente a los escándalos políticos gira principalmente en torno al tema de la financiación irregular: cuando existen evidencias de delitos económicos y financieros que comprometen la integridad de una formación, consideran indispensable una respuesta institucional contundente.

Europa Press detalló que Enrique Santiago situó el caso de Díez dentro del contexto de investigaciones sobre supuesta corrupción que siguen afectando a diferentes actores en el panorama político español. Afirmó que estos episodios trascienden partidos concretos y contribuyen a deteriorar la imagen del parlamento y de las instituciones democráticas frente a la sociedad. Según el portavoz, la solución debe enfocarse en la prevención y en la mejora de los mecanismos internos de control dentro de los partidos, así como en la transparencia de sus operaciones financieras.

Durante su intervención, el representante de IU en Sumar comparó el caso de Leire Díez con situaciones que han involucrado históricamente a formaciones como el Partido Popular y Vox. Indicó, citando a Europa Press, que la existencia de numerosos procedimientos abiertos relacionados con estos partidos no debe originar sospechas colectivas automáticas, salvo cuando se demuestre que los delitos resultan de prácticas estructurales y no de actuaciones individuales.

El medio informó que Santiago defendió la necesidad de que cualquier formación política asuma con rigor la obligación de revisar y reforzar sus medidas internas, de modo que se dificulte la repetición de episodios que comprometan la legalidad o la transparencia. A juicio del portavoz, una revisión exhaustiva de los sistemas de vigilancia y el fortalecimiento de los controles internos constituyen una garantía fundamental para el adecuado funcionamiento democrático.

Sumar, en palabras de Santiago y según recogió Europa Press, considera que la tolerancia con la financiación ilícita representa una de las mayores amenazas contra la legitimidad democrática. Explicó que cualquier vínculo comprobado de un partido con esquemas de fondos irregulares supondría un “punto de inflexión” en la relación institucional entre Sumar y la formación implicada, forzando a reconsiderar la postura del grupo en las dinámicas del Congreso de los Diputados.

A lo largo de su intervención, el portavoz también remarcó, según describió Europa Press, la exigencia de respuestas firmes y decididas tanto por parte de los órganos judiciales como de las propias organizaciones políticas. Sostuvo que solo una actuación decidida puede contribuir a restaurar la confianza de la población, que se ve minada por la proliferación de procesos penales y por las dudas persistentes sobre la eficacia de las formaciones para sancionar comportamientos ilegales en su interior.

Europa Press reportó que Santiago insistió en que los partidos no deben convertirse en refugio para miembros involucrados en delitos económicos, y abogó porque las responsabilidades individuales sean afrontadas sin dilación ni protección corporativa. Defendió, además, que la asunción clara de responsabilidades, junto a la consolidación de mecanismos de control y vigilancia, resultan claves para preservar la legitimidad institucional frente a la opinión pública.

La crónica de Europa Press ubicó las afirmaciones de Enrique Santiago en un contexto político caracterizado por la intensificación de compromisos públicos sobre legalidad y transparencia, como respuesta directa al auge de investigaciones judiciales surgidas de supuestos actos ilícitos. En el debate sobre el futuro ético y democrático del sistema político español, la distinción entre responsabilidades individuales y colectivas, junto con la solidez de los sistemas de control partidario, se han convertido en elementos centrales para las distintas fuerzas representadas en el parlamento.