Alberto Santacruz
Mérida, 6 dic (EFE).- La continuidad aún en el aire de la central nuclear de Almaraz más allá de 2028 es una de las piezas 'cremallera' del puzle electoral extremeño, cuya lámina de referencia quieren hacer suya cada uno de los partidos que concurren a la cita con las urnas del 21D junto al desarrollo de las energías renovables.
Esta pieza ha sido, es y será una reivindicación para varios partidos políticos, pero también ha sido, es y será "un continuo zasca" entre ellos en función de cómo se utilice. En Almaraz se fusionan simpatías y apoyos, referencias a la política nacional y vertientes claves en el empleo y la economía regional.
En el lenguaje de los amantes del puzle, las piezas 'cremallera" son aquellas que se diferencian del resto por sus aristas -Almaraz tiene muchas por su peso económico, laboral y social- o pueden suponer un desplazamiento de una hilera -la extrapolación sería la del voto electoral a uno u otro partido-.
Tres de los partidos mayoritarios -PP, Vox y PSOE- apuestan por la continuidad. Los dos primeros sin cortapisas e incluso abogan por un sistema fiscal más laxo para que las propietarias de la central -Iberdola, Endesa y Naturgy- lo tengan más fácil para dar continuidad a la central.
El PSOE también respalda dicha prolongación de actividad, pero no comparte que haya que ayudar a las eléctricas desde el punto de vista tributario, aboga por la industrialización de la comarca donde está ubicada la central de cara a un futuro cierre y mira de reojo las reticencias de sus socios en el Gobierno central.
Unidas por Extremadura, coalición formada por Podemos e Izquierda Unida, aboga por el cierre y ceden todo el protagonismo energético a las energías renovables, un sector en auge en Extremadura.
La actividad de la central nuclear de Almaraz da empleo directo e indirecto a unos 4.000 trabajadores, la mayoría de ellos residentes en municipios de la comarca cacereña de Campo Arañuelo, cuyos censos poblacionales no superan los 5.000 residentes, y supone el 5 % del PIB de esta comunidad autónoma.
A estas cifras se suma una meramente económica: la central de Almaraz abona alrededor de 90 millones de euros por el impuesto extremeño a las instalaciones que inciden en el medioambiente, la denominada ecotasa, un volumen monetario que, en el caso de Extremadura, vale su peso en oro y también es objeto de discrepancias políticas.
La ahora presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, propuso antes de convocar elecciones reducir la “ecotasa” hasta un 50 % en tres años al objeto de hacer atractiva la continuidad de la planta para las eléctricas. Una posición que Vox comparte.
Por contra, el PSOE entiende que la región "no está para perder" unos 45 millones de euros, un dinero que el Gobierno extremeño puede invertir en educación, sanidad y dependencia.
Esa propuesta de Guardiola llegó a las eléctricas, pero no al proyecto de presupuestos extremeños, pues PSOE, Vox y Unidas elevaron enmiendas a la totalidad de las cuentas de 2026.
El efecto en el sector energético se tradujo en la petición ya formal al Gobierno central de una prórroga de la actividad de la planta hasta 2030, es decir tres años más. La paradoja del tiempo quiere que, si finalmente se da luz verde a la prorroga, Almaraz volverá a ser otra de las claves de las elecciones extremeñas de 2029.
A lo largo del pasado año, las energías renovables abarcaron el 51 % de la electricidad generada en Extremadura, lo que supuso un crecimiento del 18 %. Solo la fotovoltaica extremeña produjo cerca del 24 % del total nacional.
Dicha producción, que en el tercer trimestre de este 2025 presenta algunos descensos, se debe al gran número de plantas fotovoltaicas instadas. A modo de ejemplo, Naturgy tiene en Extremadura su planta más grande de España; Iberdrola, la más grande de Europa, y Endesa cuenta con más de una veintena de instalaciones fotovoltaicas. EFE
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