Irene Montero reprocha a Mónica García "sostener" la ley que permite privatizaciones sanitarias y reclama que la derogue

El audio atribuido al CEO de Ribera Salud, empresa concesionaria de la gestión del Hospital de Torrejón en Madrid, menciona la selección de pacientes y procesos sanitarios según su rentabilidad. Este hecho ha provocado una oleada de críticas entre representantes políticos, llamando la atención sobre el modelo de externalización de servicios médicos en hospitales públicos. Según informó Europa Press, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, reaccionó a esta situación reclamando que el Gobierno derogue la normativa que permite la gestión privada en hospitales públicos para salvaguardar la calidad del acceso a la sanidad.

Durante una entrevista emitida en TVE, consignada por Europa Press, Montero advirtió que la privatización no solo afecta la integridad del sistema sanitario público, sino que, desde su perspectiva, representa una amenaza para la salud y seguridad de los pacientes. Argumentó que la normativa vigente, instaurada bajo el mandato del Gobierno de José María Aznar, abre la puerta a la externalización y, en consecuencia, a que empresas con intereses económicos gestionen centros sanitarios fundamentales para la ciudadanía. Montero criticó que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han mantenido esa ley a lo largo de los años, y apuntó que actualmente también cuenta con el respaldo de la ministra de Sanidad de Sumar, Mónica García.

Montero, al ser consultada específicamente sobre la controversia generada por el audio del directivo de Ribera Salud, afirmó que este tipo de situaciones demuestra que las empresas privadas priorizan el beneficio económico por encima de la salud de los usuarios. La exministra de Igualdad enfatizó que “la privatización es un crimen contra la salud pública” y sostuvo que constituye una política que pone en riesgo el derecho de todas las personas a recibir atención médica sin discriminación de ningún tipo.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Montero incidió en que la única medida efectiva para resolver estos problemas reside en prohibir la privatización y eliminar la posibilidad de externalizar servicios sanitarios. Pidió que el Gobierno derogue la llamada “ley de privatizaciones”, aludiendo a la norma aprobada durante la administración de José María Aznar, permitiendo la gestión sanitaria por parte de entidades privadas en hospitales públicos. Según la dirigente de Podemos, esta normativa ha sido respaldada “durante mucho tiempo” por el PP y el PSOE y, en la actualidad, “también la sostiene la ministra de Sanidad de Sumar”.

La eurodiputada confrontó los discursos defendidos históricamente por promotores de la privatización, quienes alegan una mayor eficiencia en la gestión privada frente a la pública. Montero sostuvo que los hechos dejan en evidencia un interés predominante de las empresas por obtener ingresos, en contraste con la misión de la sanidad pública, cuyo objetivo fundamental radica en curar enfermedades y garantizar el acceso universal e igualitario a los servicios de salud, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

En sus intervenciones, Montero responsabilizó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de entregar fondos públicos a grupos sanitarios privados, lo que denominó como “millones de dinero público” transferidos al sector privado. La política de Podemos señaló que estas acciones contribuyen a agravar la situación de quienes dependen exclusivamente del sistema sanitario público, pues se reducen los recursos destinados a la atención directa y se amplían los márgenes de beneficio para las empresas adjudicatarias.

Montero también ironizó sobre los resultados de la externalización, calificando las concesiones adjudicadas a las empresas privadas como las “verdaderas paguitas” que operan en España durante los mandatos del PP, asegurando que todo ello se produce “a costa de que la gente lo pase mal y de poner en riesgo la vida”. Con estas palabras, la eurodiputada destacó la dimensión social de la controversia por el modelo de gestión impulsado desde las administraciones públicas, especialmente en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Durante su intervención televisiva, Montero insistió que la seguridad y la salud de la población deben situarse por encima de los beneficios empresariales, y reiteró la demanda de derogación inmediata de las normativas que permiten la externalización hospitalaria. Según las declaraciones recabadas por Europa Press, la dirigente de Podemos argumentó que la evidencia ha superado los argumentos tradicionales, y el contexto expuesto por el caso del Hospital de Torrejón ilustra la urgencia de modificar la legislación vigente.

En este contexto, la postura de Irene Montero expuso las tensiones dentro del Ejecutivo por la continuidad del modelo de externalización, y acentuó la responsabilidad política atribuida tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, así como a responsables actuales del Ministerio de Sanidad. La controversia sigue abierta sobre el alcance y las consecuencias del mantenimiento de este modelo de gestión en el sistema sanitario público en España, un debate que, según Europa Press, vuelve a situar la atención sanitaria como uno de los puntos centrales de la agenda política nacional.