El juez de la AN escucha este jueves a Aldama por los contratos de mascarillas adjudicados por Canarias

La entrega de archivos provenientes de teléfonos móviles incautados a Víctor de Aldama tuvo lugar esta semana, como parte de las diligencias practicadas en la investigación judicial del denominado ‘caso Koldo’. Esta acción se produce en el contexto de la citación de Aldama, prevista para este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, donde deberá declarar como investigado por su presunta participación en contratos de suministro de mascarillas adjudicados bajo el Gobierno de Canarias durante la pandemia, tal como informó Europa Press.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, las pruebas electrónicas y documentales obtenidas hasta el momento han sido fundamentales para que la Fiscalía Anticorrupción avance en la imputación de los principales implicados. Según las diligencias en curso, la empresa Soluciones de Gestión, relacionada con Aldama, inició el envío de mascarillas al Gobierno de Canarias antes de haber conseguido la formalización de los contratos. Esta circunstancia quedó probada a través de una serie de comunicaciones fechadas el 20 y 21 de abril de 2020. En ellas, Marco Sansavini, director comercial de Iberia y CEO de Vueling, se puso en contacto con Koldo García e Íñigo Rotaeche para comunicar la cancelación de varios vuelos, mientras que un día después Aldama facilitó a Rotaeche el contacto de Antonio Olivera, entonces viceconsejero de la Presidencia del Ejecutivo canario, tras recibir dicha información de parte de Koldo García.

Europa Press destacó que estos mensajes constituyen la base de la trama mercantil investigada, ilustrando el modo en que se establecieron los vínculos que facilitaron los acuerdos comerciales en cuestión. Los hechos han llevado a Aldama y a García a comparecer como investigados no solo por los contratos adjudicados por el Gobierno canario, sino también por otros vinculados al Ministerio de Transportes. En estos últimos, figura también como investigado el exministro José Luis Ábalos, en una causa ampliada por presuntas irregularidades operativas similares detectadas en otras administraciones públicas.

Sobre las consecuencias penales de este proceso, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 19 años y medio de prisión para Koldo García, mientras pide 7 años para Víctor de Aldama, argumentando que este último habría reconocido parte de los hechos imputados. Europa Press recogió también que el Partido Popular, ejerciente de la acusación popular, reclama una suma total de 30 años de prisión para García y la misma pena que la Fiscalía para Aldama.

Los documentos aportados por el fiscal Luis Pastor al juzgado atribuyen los contratos de suministro a una estructura de pagos periódicos de 10.000 euros en efectivo, que, según la investigación, Aldama abonaba a García de manera continuada desde octubre de 2019. Según detalló Europa Press, este sistema servía a modo de “nómina” que permitía a Aldama requerir favores a quienes ocupaban cargos públicos relevantes para lograr la adjudicación de contratos o la obtención de futuros beneficios económicos. Durante una declaración que tuvo lugar en noviembre de 2024, Aldama expuso que en algunas ocasiones observó cómo las sumas entregadas a García eran compartidas posteriormente con el exministro Ábalos.

Según la Fiscalía, la relación económica entre Aldama y García se mantuvo al menos hasta septiembre de 2022, prolongándose aun después de que Ábalos y García abandonaran sus puestos en el Ministerio de Transportes en julio de 2021. El análisis del Ministerio Público plantea que dicho mecanismo no solo facilitó pagos por gestiones concretas, sino que confería a Aldama una influencia estable sobre responsables de alto nivel, con el objetivo de garantizarse ventajas en procedimientos administrativos de contratación. Europa Press detalló que, en paralelo al flujo de dinero, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó la intervención de García como pieza clave en la validación administrativa del suministro de mascarillas y la autorización de pagos a la empresa en cuestión.

La investigación de la UCO, recogida por Europa Press, localiza también una implicación relevante de Antonio Olivera, viceconsejero durante los hechos investigados y luego director del Servicio Canario de Salud. Olivera ejerció un papel de garante en el proceso de adquisición de mascarillas, incluso cuando responsables técnicos de la administración autonómica manifestaban reservas sobre los precios exigidos y la calidad del producto que Soluciones de Gestión ofrecía. Europa Press consignó que los funcionarios a cargo transmitieron “dudas” sobre la conveniencia de la compra, señalando tanto los precios por encima de mercado como la existencia de suficiente stock almacenado en esos momentos.

Las comunicaciones analizadas por la UCO reflejan cómo el contacto entre Olivera y García resultó determinante durante la negociación sobre la cantidad exacta del material adquirido. Una de estas comunicaciones recogía la consulta sobre si el Gobierno canario optaría por comprar dos millones de mascarillas o la mayor cantidad posible según el espacio disponible en los vuelos. El medio Europa Press puntualizó que el análisis policial evidencia el grado de control ejercido por García en cada fase de la gestión, hasta influir en el volumen que podía recibir la administración según la logística disponible en avión.

Todo este proceder ocurrió bajo el contexto de los procedimientos extraordinarios de adquisición de material sanitario decretados durante el estado de alarma por la pandemia de COVID-19. Según expuso Europa Press, los contratos ahora investigados constituyeron una de las muchas excepciones administrativas que se activaron en la gestión de la emergencia, donde la administración contaba con tramitaciones más rápidas y una selección directa de proveedores externos. La Guardia Civil ha resaltado la singularidad de las transacciones entre el Gobierno canario y Soluciones de Gestión debido a la intervención de los principales investigados y el sistema de pagos detectado, que la Fiscalía entiende como instrumento para garantizar beneficios personales y nuevas adjudicaciones.

Mañana, tras la declaración de Aldama ante la Audiencia Nacional, está prevista la comparecencia de Koldo García ante el Tribunal Supremo, cita en la que se revisarán sus medidas cautelares. Europa Press informó que en esta sesión, la acusación popular solicitará su ingreso inmediato en prisión provisional. El proceso principal continúa en la fase de instrucción, a la espera de la incorporación de nuevas pruebas derivadas de los dispositivos electrónicos incautados y otros registros.

Durante la instrucción, la Audiencia Nacional ha admitido la presentación de pruebas propuestas tanto por la Fiscalía como por las demás partes. Recientemente, la remisión a Aldama de los contenidos de los teléfonos móviles forma parte del proceso para garantizar la defensa y el acceso transparente a las evidencias digitales que la UCO ha recopilado, detalló Europa Press. La magnitud del ‘caso Koldo’ abarca múltiples líneas de investigación desde la documentación obtenida en los registros hasta el seguimiento de movimientos económicos y las declaraciones de implicados, lo que ha derivado en el rastreo de operaciones comerciales, comunicaciones privadas y toma de decisiones dentro de la gestión pública durante los periodos más tensos de la emergencia sanitaria.

Europa Press especificó que la posición de Aldama como presunto mediador se examina actualmente tanto desde su vínculo empresarial con Soluciones de Gestión como en relación con la trama de contactos y favores con responsables políticos del anterior Ministerio de Transportes y con autoridades del Gobierno canario en el ciclo temporal que abarca la investigación.