
Familias de jóvenes afectados conocieron recientemente, como resultado de la investigación desarrollada en el documental ‘Et faran un home’, que el fallecimiento de sus hijos durante el servicio militar se debió a suicidios impulsados por abusos y humillaciones sufridas en los cuarteles. Esta revelación ha llevado a un reclamo formal para que el Gobierno investigue, reconozca y repare a las víctimas de los malos tratos, acoso y vejaciones ocurridas mientras se encontraba vigente el servicio militar obligatorio durante las décadas de los ochenta y los noventa.
De acuerdo con Europa Press, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados debatió y sometió a votación este jueves una iniciativa impulsada por ERC. Esta proposición, presentada en formato de no ley, demanda que el Gobierno asuma y documente la existencia de conductas abusivas repetidas en la estructura militar de la época, e impulse tanto investigaciones independientes como mecanismos de reparación para las víctimas y sus familias. Según lo expuesto en la iniciativa, el documental mencionado documenta que “muchos reclutas sufrieron vejaciones, malos tratos y agresiones en un entorno que debería garantizar su seguridad y bienestar". El trabajo presentado expone también la participación de mandos militares quienes, en múltiples ocasiones, “incitaban y eran cómplices de estos abusos”, según denuncia ERC, estableciendo la existencia de un patrón de impunidad y falta de control institucional tanto de autoridades militares como civiles.
La agrupación política señala que las cifras oficiales reconocidas por el Ministerio de Defensa sitúan en más de 300 los suicidios ocurridos en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001, aunque ERC sostiene que la magnitud real podría representar un número considerablemente superior si se consideran muertes clasificadas bajo “extrañas circunstancias”. El documento presentado por ERC argumenta que, durante ese periodo, parte de los mandos responsables utilizó los certificados de defunción para registrar las muertes como hechos accidentales, con el objetivo de no activar procesos de investigación formales.
A partir de los hallazgos del documental y de los datos preliminares obtenidos a través del Ministerio de Defensa, ERC enfatiza que estos sucesos no constituyen episodios aislados, sino que forman parte de una práctica estructural, con persistencia y continuidad en el tiempo, sin que ninguna autoridad se haya hecho responsable de revisar ni subsanar oficialmente las situaciones ocurridas, según consignó Europa Press. Al respecto, el partido catalán plantea que los hechos representan “un fracaso colectivo que merece una revisión exhaustiva y una reparación moral, simbólica y económica hacia las víctimas”.
Entre las principales demandas incluidas en la proposición, ERC solicita que las investigaciones sean “exhaustivas e independientes” y que se garantice la protección de personas víctimas, familiares y testigos para evitar represalias o nuevas situaciones de vulnerabilidad. Además, pide que el Gobierno realice un reconocimiento público de los casos que resulten investigados y probados, e identifique a los responsables tanto en los ámbitos políticos como militares, estableciendo la depuración de responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales cuando corresponda, según reportó Europa Press.
En relación con las formas de reparación, ERC propone la creación de programas de apoyo que incluyan acceso gratuito a asistencia jurídica y soporte psicológico tanto para las víctimas como para sus familiares, subrayando la necesidad de reconocer el daño causado y garantizar medidas que den respuesta integral a las consecuencias vividas por los afectados. El medio Europa Press enfatizó que la proposición plantea la puesta en marcha de mecanismos de reparación que trasciendan lo simbólico, con compensaciones económicas a quienes demuestren haber sufrido daños físicos, psicológicos o patrimoniales derivados de estos abusos.
Durante el debate, se hizo hincapié en que los casos recogidos en las investigaciones y documental reflejan dinámicas normalizadas que quedaron sin supervisión durante años, así como la falta de voluntad institucional para enfrentar y reconocer la dimensión de los hechos, según publicó Europa Press. El partido catalán articula su reclamo en torno a la necesidad de justicia transicional, similar a la empleada en otras experiencias sociales donde existieron prácticas sistemáticas de abuso y maltrato bajo el amparo de instituciones del Estado.
Los datos aportados revelan la existencia de un número significativo de jóvenes sometidos a presiones y violencias físicas y psicológicas, en un entorno que, según ERC, debió proteger su integridad. El eco de estos sucesos ha movilizado a familias, organizaciones sociales y agrupaciones políticas a impulsar iniciativas de reconocimiento, protección y reparación, mientras algunos testimonios familiares surgidos tras la difusión del documental muestran la persistencia de secuelas emocionales y sociales asociadas a las vivencias en cuarteles.
Ante la exposición de estos hechos, tanto la sociedad civil como las propias familias de los conscriptos fallecidos reclaman esclarecimiento y asunción de responsabilidades, insistiendo en la urgencia de sancionar toda forma de negligencia, complicidad o encubrimiento que haya impedido la prevención y detención de abusos dentro de las Fuerzas Armadas, según detalló Europa Press.
La iniciativa en debate en la Comisión de Defensa tiene como objetivo establecer las bases institucionales para la actuación del Estado en la materia, mediante investigaciones independientes que aporten resultados verificables y sirvan de base para una política pública orientada tanto al reconocimiento como a la reparación integral de los daños, reportó Europa Press, marcando un hecho inédito en el abordaje de este tipo de violencia dentro del ámbito militar español.
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