La AN interroga el viernes a Koldo sobre las mascarillas de Canarias tras decidir el Supremo si le envía a prisión

Durante la pandemia de coronavirus, los contratos de mascarillas gestionados en Canarias y su vínculo con la empresa Soluciones de Gestión quedaron bajo sospecha debido a presuntos pagos y favores, según recoge El País. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, citado por el medio, sostiene que el entonces presidente del Gobierno canario, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, intervino a favor de la trama investigada mediante mensajes directos y gestiones, con expresiones como “Estoy encima” o “he dado el golpe preciso en la mesa”, dirigidas al exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García. La Audiencia Nacional interrogará este viernes a Koldo García por los contratos de mascarillas en Canarias, justo después de que el Tribunal Supremo decida si modifica sus medidas cautelares y dicta prisión provisional a petición de las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular.

El diario El País detalló que el juez instructor del caso, Ismael Moreno, también prevé tomar declaración el jueves al empresario Víctor de Aldama, señalado por la UCO como presunto conseguidor en el caso. Estas citaciones se producen tras el último informe de la Guardia Civil, que analiza los contratos adjudicados entre el Gobierno de Canarias y Soluciones de Gestión. Según el informe citado por el periódico, los investigadores rastrean el posible pago mensual de 10.000 euros en efectivo de De Aldama a Koldo García desde al menos octubre de 2019, lo que habría otorgado al empresario acceso directo al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El fiscal de Anticorrupción, Luis Pastor, había solicitado ambas comparecencias luego de que el informe de la UCO subrayara el pago sistemático como una suerte de “nómina” dirigida a facilitar la consecución de favores, en particular durante los procesos de contratación relacionados con material sanitario de emergencia por parte de la Administración canaria. El País recogió que en una declaración previa, el propio De Aldama admitió: “en varias ocasiones” había presenciado cómo Koldo compartía con Ábalos el dinero recibido. El informe señala que esta relación económica en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022, cuando ya ambos investigados estaban fuera del Ministerio de Transportes tras el cese acordado en julio de 2021.

La UCO y la Fiscalía sostienen que los pagos a Koldo García no respondían únicamente a gestiones puntuales, sino a mantener la capacidad de influencia necesaria para obtener beneficios económicos. En concreto, las operaciones más investigadas incluyen la contratación y validación de mascarillas adquiridas durante la pandemia, el aseguramiento de los pagos y la certificación del material suministrado por Soluciones de Gestión. El fiscal argumentó que estos hechos encajan en el tipo penal de tráfico de influencias, atribuyendo implicación tanto a Koldo como a De Aldama.

El informe policial, reproducido por El País, señala que, a pesar de las “dudas” expresadas por los responsables de la tramitación de compras en el Gobierno canario respecto al precio y la calidad de las mascarillas, Antonio Olivera —viceconsejero de la Presidencia y luego director del Servicio Canario de Salud— garantizó que la compra se llevaría adelante. Existían objeciones en cuanto a la conveniencia del contrato, que se situaba presuntamente fuera de los precios de mercado y se realizaba pese a que “habría reserva suficiente” de material. Según el relato de los investigadores, el 20 de abril de 2020 se identificó la primera interacción de Soluciones de Gestión sobre la venta de mascarillas para Canarias, tras una conversación entre directivos de aerolíneas y Koldo García, en la que también participó Íñigo Rotaeche, titular de Soluciones de Gestión. De Aldama facilitó el contacto de Olivera a Rotaeche a través de información proporcionada por Koldo, e incluso lo describió como “el vicepresidente de Canarias”.

El seguimiento de las comunicaciones indica, según la Guardia Civil, que Soluciones de Gestión ya estaba proporcionando material antes de la formalización oficial de los contratos. El control y la participación de Koldo en estas operaciones se advierte en mensajes como el dirigido al viceconsejero Olivera consultando el volumen de unidades de mascarillas que se adquirirían: “Es posible que nos quedemos en esta ocasión dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo. ¿Te parece bien?”

Koldo García deberá comparecer ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado, según informaron fuentes judiciales a El País, un día después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, resuelva sobre su posible ingreso en prisión provisional a la espera del juicio en la causa de presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas. La solicitud de prisión afecta también a Ábalos, a raíz de la acusación promovida por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares representadas por el Partido Popular, quienes consideran que existen “indicios racionales de criminalidad” y una considerable petición de penas.

La Fiscalía exige 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y utilización de información privilegiada. Además, solicita una multa próxima a 3,9 millones de euros para cada uno. Las acusaciones populares, según reportó El País, piden que se amplíe la responsabilidad penal, elevando la petición a 30 años de cárcel e incluyendo los delitos de prevaricación y falsedad documental.

Las actuaciones judiciales han generado nuevas líneas de investigación sobre los criterios de adjudicación de contratos públicos en contexto de emergencia sanitaria y los mecanismos empleados por la trama para garantizar el acceso a fondos y favores a través de intermediaciones, contactos políticos y validaciones administrativas. Las declaraciones previstas y la decisión del Supremo marcarán los próximos movimientos procesales en el llamado ‘caso Koldo’, que cuenta también con la colaboración activa de la Fiscalía y la UCO en el esclarecimiento de los hechos.