La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra y se ha amparado en las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictadas recientemente para sostener su solicitud.
Así consta en el escrito, con fecha de este mismo lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita que se deje en suspenso la medida que acordó el magistrado instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso de amparo que admitió el pasado 7 de octubre.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha manifestado que "la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada para garantizar la efectividad del recurso de amparo y evitar la lesión irreversible de los derechos fundamentales del recurrente".
La defensa ha recalcado en este caso "los perjuicios no son hipotéticos". Ha incidido en que "durante años" Puigdemont "ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por órdenes de detención cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la ley orgánica de amnistía y confirmada tanto por este Tribunal (Constitucional) como por el estándar europeo".
"A esta premisa interna se añade la dimensión europea, incorporada por las Conclusiones del Abogado General del TJUE, que afirman con rotundidad que la ley de amnistía es plenamente compatible con el Derecho de la Unión", ha subrayado.
Por ello, ha insistido en que mantener la orden de detención nacional en su contra en este contexto "supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase".
El escrito de la defensa tiene lugar después de que el pasado 13 de noviembre el abogado general del TJUE dio a conocer sus conclusiones, en las que --si bien asegura que algunas disposiciones de la ley de amnistía pueden ser incompatibles con el derecho comunitario-- descarta que el texto legal responda a una "autoamnistía" o colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a los intereses financieros de la Unión.
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