El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado como "una magnífica noticia" la declaración este lunes como Lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos, actual sede de la Comunidad de Madrid, que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En un video difundido en redes sociales, el ministro socialista ha celebrado que esta declaración devuelve "la dignidad" a las víctimas que sufrieron "represión, torturas e incluso pérdidas de vida" es ese edificio, ya que alojó la Dirección General de Seguridad (DGS) de la dictadura franquista durante 40 años.
"Esta es una magnífica noticia para los que defendemos, las que defienden la democracia, la libertad y los derechos y sobre todo para devolver la dignidad a las víctimas que sufrieron represión, torturas e incluso pérdidas de vida por defender la democracia que hoy disfrutamos", ha expresado en ese mensaje.
Torres ha asegurado que hoy "todos" deberían alegrarse de que la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid sea declarada Lugar de Memoria "para que nunca más se puedan repetir esos ignominiosos hechos".
El Gobierno ha declarado la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista siendo la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas "por motivos políticos e ideológicos" a opositores al régimen.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este miércoles, que detalla que, tras comenzar los trámites hace un año, se declara el edificio que alojó durante 40 años la DGS como Lugar de Memoria Democrática por haber desempeñado "un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura franquista".
La Comunidad de Madrid, que lidera Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto frontalmente a esta decisión desde que el Ejecutivo anunció su intención y presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar lo que consideran que supone una invasión de competencias autonómicas. Defienden que "un periodo ínfimo del pasado de la Real Casa de Correos no puede transformar la verdadera significación histórica, simbólica y la repercusión que en la memoria colectiva ostenta el edificio".
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