Fiscalía de Valladolid solicita una condena global de cinco años y medio de cárcel para cada uno de los cinco empresarios de origen marroquí, todos ellos de la misma familia, a quienes se acusa de integrar un grupo criminal que se dedicaba a contratar a trabajadores para labores agrícolas sin darles de alta en la Seguridad Social.
Los cinco encausados, Albelaziz, Badr, Fátima, Mohamed El K. y Aziza L, compartirán banquillo este viernes, día 17 de octubre, en la Audiencia de Valladolid donde la acusación pública acude con cargos por delito contra la seguridad social, otro contra los derechos de los trabajadores y un tercero de grupo criminal por los que se exponen a cuatro años de cárcel por el primero, multa de 665.375 euros y la pérdida de subvenciones o ayudas públicas y beneficios fiscales por espacio de seis años, otro año de prisión por el segundo y seis meses de privación de libertad por el último, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Fiscalía sostiene que los cinco acusados, naturales de Marruecos y con vínculos de parentesco, se pusieron de acuerdo para dedicarse a la prestación de servicios agrícolas en Valladolid y provincias limítrofes, para lo cual, con ánimo de lucro, dejaron de pagar las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores a su cargo y las suyas propias.
Para acreditar ante los empresarios que estaban al corriente en los pagos, se fueron inscribiendo sucesivamente en el tiempo, sin solución de continuidad, como empresarios individuales en el Régimen General de la S.S--la actividad principal era de apoyo a la agricultura--, al objeto de que una vez generada una deuda importante, hacer ilusoria la misma y las consecuencias legales que de ella se derivan, creando una apariencia de legalidad. Sin embargo, lo que hacían era un mero cambio formal de la titularidad del empresario, pues todos ellos estaban vinculados por lazos familiares, residían en dos domicilios de Olmedo y mantuvieron a los mismos trabajadores, generando una deuda con la S.S. de 225.125 euros.
Además, para la realización de dichos trabajos, tal y como pudo comprobar la Inspección de Trabajo tras presentarse en varios tajos en 2022 de Chañe y Cantalejo, en la provincia de Segovia, empleaban en la recogida de la patata y la fresa a trabajadores de su misma nacionalidad 'sin papeles'; es decir, sin permiso de residencia y de trabajo.
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