El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz continúa la próxima semana los interrogatorios a empresarios investigados en la causa en la que indaga sobre un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos en el que está también imputado el empresario Víctor de Aldama, supuesto conseguidor del 'caso Koldo'.
Pedraz escuchará el martes a Valentín López, "administrador de las sociedades Integrales del Combustible SL y Madrid Diesel SL", y a Josefa Hermitas, "administradora de Madialnort Servicios y Logística SL", si bien el magistrado aclaró que ella no figura como querellada pero "la sociedad sí".
La misma situación se da con Daniel Bouzas, administrador de Movimientos Internacionales Petroliferos SL, Integrales del Combustible SL, Transacciones del Petróleo Sur SL y soluciones integrales europeas SL.
Una ronda de declaraciones a empresarios desarrollada en este mes de octubre que concluirá el jueves con Laura Martín, "administradora de Castillo de Córdoba SA", que tampoco "figura como querellada" aunque "la sociedad sí".
La misma condición tienen las otras tres personas que comparecerán ese día: José Semprún, administrador de Comercial Lombnard Beach SL; Santos Martínez, administrador de Novogar 2005, SL, y David González, administrador de Combustibles Caramañola SL.
EL FRAUDE DE LOS HIDROCARBUROS
Antes del verano, el juez instructor acordó prorrogar la investigación al menos hasta finales de año, al estar pendiente del análisis de "numerosa" documentación sobre un supuesto fraude que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en 231,7 millones de euros y que se habría realizado entre 2021 y 2024.
La UCO explica en uno de los atestados de la causa el esquema básico de este tipo de fraude, detallando que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.
Esta operadora va a los depósitos fiscales --donde se almacena el producto-- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.
Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.
Si bien este es el esquema básico del fraude, las organizaciones criminales han ido evolucionando, según la UCO, en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.
El objetivo es "perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal" y "salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones", dado que obtener ese título de operador es complicado, señalaban los investigadores.
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