El Congreso debate hoy una iniciativa del PP para evidenciar que la amnistía fue un "trueque político" con Junts

El PP defenderá este martes en La Comisión Constitucional del Congreso una proposición no de ley (PNL) para que la Cámara Baja, en línea con las autoridades europeas, certifique que la Ley de Amnistía a los encausados por el proceso independentista de 2017 no se aprobó por razones de "convivencia o reconciliación", como argumentaron sus defensores, sino como "trueque o contraprestación política" para garantizar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El debate de esta iniciativa con la previsión de que el Tribunal Constitucional retome esta semana el debate sobre este ley con nuevas sentencias en las que aplicará su doctrina inicial y aun primer examen sobre el encaje de la malversación.

El texto de la PNL, recogido por Europa Press, recuerda que esa norma fue impulsada tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 como parte de un acuerdo con Junts, cuyos votos resultaban imprescindibles para la investidura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP señala que Bruselas, en sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya advirtió de que la ley no respondía a un interés general reconocido, sino que buscaba garantizar "la impunidad de actores políticos específicos". También criticó la tramitación de urgencia, sin consulta pública ni informes independientes, lo que, según sus alegaciones, vulneró principios básicos del Estado de Derecho como la separación de poderes y la independencia judicial.

El documento cita además declaraciones de responsables de Junts en las que se reconoce la autoría de la redacción final de la ley. En la Comisión Constitucional del Congreso, el diputado Josep Pagés llegó a afirmar literalmente que "la redacción actual de la ley de amnistía se tiene que imputar a Junts per Catalunya": "Somos los responsables de que la redacción sea la que es", dijo.

En la misma línea, el secretario general de Junts, Jordi Turull, admitió en junio de 2025 haber participado en la redacción de la ley, mientras que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, declaró ante el Tribunal Supremo que negoció la amnistía directamente con expresidente catalán Carles Puigdemont como "moneda de cambio esencial" para la investidura de Sánchez.

DIRIGENTES SOCIALISTAS RECHAZARON ANTES LA AMNISTÍA

La iniciativa parlamentaria recuerda igualmente que dirigentes socialistas habían rechazado en el pasado la amnistía. El propio presidente afirmó en 2022 que "no entra en la legislación ni en la Constitución española", mientras que la exvicepresidenta Carmen Calvo sostuvo en 2019 que estaba "absolutamente prohibida en nuestra Constitución y en todas las democracias".

Para los 'populares', estos testimonios demuestran que la aprobación de la Ley 1/2024 respondió exclusivamente a necesidades parlamentarias del Ejecutivo. "Un Gobierno sustentado en una mayoría parlamentaria coyuntural se otorgó a sí mismo y a sus aliados una amnistía a la medida de sus necesidades", recoge la exposición de motivos.

Por ello, la proposición concluye instando al Congreso a reconocer expresamente que la motivación que impulsó la elaboración, tramitación y aprobación de la Ley de amnistía y el cambio de criterio sobre ella por parte del Gobierno "fue otra que la obtención del apoyo de determinados partidos políticos, liderados por personas beneficiarias de la misma que participaron en su redacción, a la investidura del candidato Pedro Sánchez".

DETENER LA "MUTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN"

Y en otra PNL para debatir en el Pleno del Congreso, aún sin fecha, el PP recoge que la ley de amnistía, además de otras normas e iniciativas aprobadas y/o puestas en marcha por el Gobierno suponen, a su juicio, una "mutación constitucional encubierta" hacia un Estado confederal ajeno a la Constitución iniciado desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

El texto sostiene que la Constitución de 1978 fue "un ejemplar esfuerzo de consenso y pacto entre diferentes" y que, tras la derrota del terrorismo de ETA y del "golpe institucional" del independentismo catalán en 2017, el actual Ejecutivo "ha decidido dar una segunda oportunidad política tanto a los herederos del brazo político de ETA como a los responsables del golpe de Estado en Cataluña".

Según la iniciativa del PP, recogida por Europa Press, este proceso persigue "sustituir la España de ciudadanos libres e iguales por una España fragmentada en base a agravios identitarios, privilegios fiscales, desigualdades económicas y cesiones políticas de todo tipo" al margen de grandes consensos y mayorías cualificadas.

Los 'populares' incluyen entre esas medidas la ley de amnistía, la reforma del Código Penal de 2022 que eliminó el delito de sedición y rebajó el de malversación, así como decisiones que, en su opinión, "han desactivado la capacidad de respuesta del Estado ante ataques al orden constitucional".

También acusan al Gobierno de haber "intervenido" el Tribunal Constitucional mediante la incorporación de "altos cargos procedentes del Ejecutivo", de "degradar las funciones del poder legislativo" mediante el abuso del decreto-ley, y de comprometer el modelo territorial con la negociación de un sistema de financiación singular o cupo para Cataluña o la cesión de competencias exclusivas del Estado.

EL 'SANCHISMO' COMO "MUTACIÓN ILEGÍTIMA HACIA UNA DEMOCRACIA FALLIDA"

Asimismo, el PP sostiene que se han producido "ataques simbólicos y materiales contra elementos vertebradores de la convivencia democrática", como el uso de pinganillos en el Congreso, la aceptación de la Diada de Cataluña como "fiesta institucional" en la Cámara o la desobediencia a sentencias sobre el español en la educación pública catalana.

"Si la Transición fue una reforma legítima --de la dictadura a la democracia--, el sanchismo representa una mutación ilegítima --de una democracia plena hacia una democracia fallida--", sentencia el Partido Popular.