Sumar, a través de IU, ha registrado una proposición de ley en el Congreso para aplicar un protocolo de inspección de buques sospechosos de portar material militar a Israel, que faculte la posibilidad de retener temporalmente la carga y ponerla a disposición de los tribunales de justicia internacional.
Así lo ha explicado este viernes en rueda de prensa el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, para reivindicar que esta iniciativa complementa el plan del Gobierno de medidas contra Israel ante el genocidio en Gaza, como el reciente decreto de embargo de armas aprobado por el Ejecutivo.
Durante su comparecencia se ha felicitado de que ya esté aprobado por decreto la prohibición de compraventa de armas con el país hebreo o el veto de las importaciones de productos procedentes de los asentamientos ilegales de colonos israelíes en territorios palestinos, pero ha detallado que es necesario ahondar en la labor de inspección de buques y aeronaves que transitan por territorio español con una ley específica, que dé más herramientas a la administración.
Así, el grupo plurinacional ha optado por elevar a rango de proposición de ley el protocolo que ya presentó a finales del año pasado y que ofreció para que el Gobierno lo desplegará, sobre todo para las autoridades portuarias y de marina mercante dependientes del Ministerio de Transporte.
EL DECRETO DEL GOBIERNO TIENE "POCOS AGUJEROS"
Precisamente este viernes el portavoz de Sumar y titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado en una entrevista en TV3 que el decreto de embargo de armas a Israel está jurídicamente bien construido, tiene "pocos agujeros" y blinda bien el veto de comercio del material militar, por lo que ha demandado a todos los grupos que convaliden el decreto.
No obstante, ha manifestado su desacuerdo con la cláusula de excepción del embargo por razones de interés general y ha sostenido que no van a aceptar ninguna en caso de que se eleve al Consejo de Ministros.
El texto registrado, recogido por Europa Press, dispone que se inspeccione aquellos buques civiles con origen o destino a Estados sobre los que recaigan sospechas de perpetración de delito de genocidio o crímenes de guerra.
Y para ello pauta como requisito la apertura de investigación por parte de la Corte Penal Internacional contra altos dirigentes de un Estado por la comisión de estos delitos, o que el Tribunal de Justicia esté dilucidando una demanda por estos crímenes, entre otros supuestos.
Aparte, fija que la autoridad competente para esa inspección es el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de la Marina Mercante y las distintas capitanías marítimas.
En caso de que hubiera material de defensa o doble uso con destino a esos Estados sospechosos de perpetrar genocidio, la norma planteada por Sumar estipula que estos productos queden en depósito y se informe a los tribunales internacionales "en tanto no concluyan las razones de salvaguarda".
Santiago ha detallado que esta norma no se dirige exclusivamente para Israel sino que aspira a activar un sistema de inspección que valga para cualquier país que cometa genocidio, para instar a todas las fuerzas del bloque de investidura a convalidar primero el decreto de embargo.
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