El fiscal general cubre los 150.000 euros de la fianza impuesta por el Supremo con parte de su patrimonio

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aportado parte de su patrimonio para hacer frente a los 150.000 euros de fianza que le impuso el Tribunal Supremo (TS) de cara al juicio por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según fuentes jurídicas.

Las fuentes consultadas por Europa Press explican que el jefe del Ministerio Público ha afrontado la fianza con parte de sus bienes porque no disponía de 150.000 euros en metálico. Ahora, la fianza tendrá que ser analizada por el alto tribunal para corroborar que el patrimonio aportado cubre la cantidad fijada.

Además, indican que, desde que se conoció la fianza, numerosas personas --familiares, amigos, compañeros y ciudadanos anónimos-- se han ofrecido a colaborar en el pago de la misma. Sin embargo, García Ortiz no ha querido implicar a nadie, aunque las fuentes aseguran que está agradecido por las muestras de solidaridad.

En todo caso, el fiscal general ultima un recurso directo de apelación contra la fianza impuesta por el magistrado instructor, Ángel Hurtado, al considerar que se trata de un monto excesivo. En este sentido, las citadas fuentes subrayan que en casos de agresión sexual se suele fijar en 50.000 euros.

Hurtado la fijó en 150.000 euros, desde los 300.000 que reclamaba González Amador, para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual sentencia condenatoria.

La acusación particular que ejerce González Amador también ha recurrido, aunque ante el propio instructor, para que eleve la fianza a los 300.000 euros que pedía, alegando que los daños morales sufridos como consecuencia del "relato político" no han cesado ni un día.

La pareja de Díaz Ayuso esgrime que "no ha existido día desde el 14 de marzo de 2024", cuando la Fiscalía emitió un comunicado dando detallada cuenta de los 'emails' entre su defensa y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, "en que algún personaje político o periodístico, con el ministro de Justicia a la cabeza, no denomine a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador 'delincuente confeso' o 'defraudador confeso'".

GARCÍA ORTIZ, A JUICIO

El instructor envió a juicio a García Ortiz al estimar, indiciariamente, que la noche del 13 de marzo de 2024 filtró a la Cadena SER el correo electrónico del 2 de febrero de ese año donde la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer los delitos fiscales, por los que finalmente ha sido procesado, a cambio de llegar a un acuerdo con Fiscalía.

Hurtado llegó a esta conclusión tras ocho meses de investigación que culminaron con el procesamiento de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, ambos recurrieron y la Sala de Apelación libró a la fiscal, dejando al fiscal general como único acusado.

Fuentes jurídicas avanzan a Europa Press que el juicio se celebrará hacia noviembre, con una duración aproximada de una semana --aunque podría prolongarse debido a la gran cantidad de testigos que proponen las partes--, y posible sentencia hacia final de año. El tribunal lo conformarán siete magistrados de mayoría conservadora encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos. El propio Hurtado dejó la puerta abierta a ampliar el catálogo de delitos. García Ortiz aún debe presentar su escrito de defensa.