La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha alertado del "deterioro" institucional que a su juicio supone que un fiscal general, Álvaro García Ortiz, procesado por el Tribunal Supremo y pendiente de juicio oral, pueda dar órdenes a los fiscales que le interroguen y vaya a intervenir la próxima semana en la Apertura del Año Judicial que presidirá el Rey.
"Un fiscal general que debe acudir a declarar como investigado no puede al mismo tiempo dirigir con autoridad moral a quienes cada día actúan en los tribunales en defensa de la ley --sostiene--. ¿Se atreverá un fiscal subordinado a incomodarle durante su interrogatorio en el juicio oral? ¿Buscará este fiscal en el juicio defender la legalidad vigente cuando la Constitución le establece que está sujeto al principio de dependencia jerárquica?".
En la Diputación Permanente del Congreso, Gamarra también ha preguntado a los socialistas si ven adecuado que se inicie el año judicial "con un fiscal general imputado, no sólo sentado en primera fila, sino tomando la palabra ante el Rey, ante el Consejo General del Poder Judicial y ante la sociedad española".
"MENSAJE DE DEGENERACIÓN" AL MUNDO
"La apertura del año judicial no es un acto meramente protocolario, es un mensaje al país y al mundo de que nuestras instituciones están limpias y son dignas de respeto --ha añadido--. ¿Y qué mensaje se lanzará este año si el Gobierno sigue insistiendo en mantener en el cargo a quien la justicia investiga? Será un mensaje de deterioro democrático, de degeneración".
Por todo ello, el PP ha reclamado la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a quien emplazan a exigir a García Ortiz que deje el cargo: "El fiscal general debe dimitir y quien lo nombró es quien debe de exigírselo en primer lugar", ha remachado la dirigente 'popular'. .
La comparecencia ha sido respaldada por la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien considera que "el fiscal general es un peón más de la trama corrupta de Moncloa". A su juicio, el Gobierno busca "terminar de dinamitar" el Estado de Derecho para convertirlo en "un botín" y un Estado de privilegios al servicio de las más altas esferas.
Frente a ello, el socialista Francisco Aranda ha proclamado la inocencia de García Ortiz, convencido de que la causa "acabará en nada", y ha acusado al PP de tener una "obsesión enfermiza" con la Fiscalía General, que atribuye a sus investigaciones de la Justicia sobre cargos 'populares' y los "más de 20 casos pendientes".
"ENSUCIAR, QUE ALGO QUEDA"
"Esto no va, ni nunca ha ido, del fiscal general del Estado, esto va de poder", ha dicho, achacando al PP una estrategia de "persecución política y mediática sustentada en una colección de bulos, insultos y difamaciones con un patrón muy claro: deshumanizar, esparcir barro". "En definitiva, ensuciar que algo queda", ha apostillado.
También Enrique Santiago, portavoz de Justicia de Sumar, ha pedido "dejar en paz a los fiscales que se dedican a perseguir delincuentes", y ha afeado al PP algunas de las investigaciones judiciales que le afectan, como el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso o la imputación del exministro Cristóbal Montoro por tráfico de influencias.
El PNV, por boca de su portavoz adjunto, Mikel Legarda, también ha criticado la pretensión del PP pues ve "pruebas poco sólidas" para la implicación del fiscal general y se alinea con el voto particular del juez de la sala de apelaciones del Supremo que se opuso al procesamiento del fiscal general.
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