El juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordado dejar en libertad pero con las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía --prohibición de salir del país y obligación de comparecencia periódica en sede judicial-- a los dos detenidos en Las Palmas por la presunta filtración de datos personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de otros dirigentes políticos y su posterior venta.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, después de la vistilla celebrada este jueves en la Audiencia Nacional para evaluar su situación personal tras ser detenidos el pasado martes.
Según las citadas fuentes, el fiscal no ha pedido su entrada en prisión, interesando únicamente esas medidas cautelares.
Las fuentes consultadas indican que, en su declaración ante el juez, el principal detenido ha reconocido parte de la investigación, asegurando que recibió un pago de un "agente encubierto" por la compra de una aplicación que revelaba los datos de los políticos.
Pero ha negado que él la desarrollara o que atacara páginas web, añadiendo que la cuenta donde se filtraron los datos la usaban terceras personas.
DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
Los detenidos son dos jóvenes nacidos en 2006 a los que se investiga también como presuntos responsables de la filtración de datos de varios profesionales de medios de comunicación, según informaron fuentes policiales a Europa Press.
En concreto, la Policía señaló que el principal arrestado es responsable de la filtración de datos personales de altas personalidades del Estado y del Gobierno. Además, valiéndose de la publicidad y trascendencia de estas publicaciones, habría vendido ilícitamente el acceso a bases de datos que contenían informaciones sensibles. El segundo arrestado se encargaría, presuntamente, de monetizar estas actividades.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron la filtración de datos personales en diversos canales de difusión masiva y redes sociales.
Los mismos perfiles digitales que publicaban los datos reivindicaban la posesión de los mismos. Además alardeaban de su capacidad para venderlos, lanzando mensajes amenazantes sobre futuras publicaciones en la misma línea, "con el consiguiente peligro para la seguridad nacional", explicó la Policía en un comunicado.
COBRO MEDIANTE CRIPTOMONEDAS
Según la Policía, la estructura que utilizaban los detenidos para sus actividades delictivas incluía el cobro mediante el uso de criptomonedas como medio que facilita el anonimato y dificultar el rastreo de los fondos por parte de los investigadores.
Las detenciones se desarrollaron en el marco de la investigación a cargo de la Audiencia Nacional por presunto delito de terrorismo y/o contra altas autoridades del Estado, que se encuentra bajo secreto de sumario.
Una operación policial que se desarrolló por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) y ha contado con la colaboración del CNI y de las Brigadas Provinciales de Información de Madrid y Las Palmas. Todo ello ha sido coordinado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional.
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