El Gobierno de Cantabria ha rechazado la decisión del Ministerio de Justicia de "eliminar" una plaza de juez de instrucción para transformarla en una de violencia sobre la mujer.
La consejera de Presidencia y Justicia, Isabel Urrutia, ha criticado la decisión del Consejo de Ministros de aprobar el Real Decreto que supone dicha "pérdida" para la región, y que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La también titular de Seguridad y Simplificación Administrativa ha asegurado que esta decisión no tiene en cuenta las alegaciones presentadas por su departamento y dirigidas a mantener las cinco plazas de la sección de Instrucción hasta ahora existentes y aumentar de una a dos las plazas de la sección de Violencia contra la Mujer.
"No es de recibo desatender las peticiones del Consejo General del Poder Judicial, que solicitó por unanimidad la nueva creación y mantenimiento de las plazas de instrucción, y del Gobierno de Cantabria, basadas en datos más reales y más recientes que los invocados por el ministerio de Justicia", ha declarado Urrutia, para quien "una vez más" el ministro del ramo, Félix Bolaños, "ha dado la espalda" a las necesidades de la administración cántabra de Justicia.
Según ha augurado Urrutia, la decisión de suprimir una plaza en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander va a "aumentar la carga de trabajo" y a "dificultar" que sus titulares puedan prestar un servicio público "en condiciones de eficiencia operativa".
En un comunicado, ha añadido que este cambio va a suponer "importantes retrasos" en la instrucción de los procedimientos penales de Santander afectando a la protección inicial de los derechos y libertades de los ciudadanos y la atención temprana y adecuada a las víctimas, "función esencial de los actuales Jueces de Instrucción" que hace necesario -ha insistido- mantener las cinco plazas judiciales existentes hasta el momento.
Y también ha señalado que la reducción de cinco a cuatro las plazas de jueces de Instrucción va a suponer un incremento de la frecuencia en la prestación del servicio de guardia, "contraria a la mejora de las condiciones laborales y de conciliación de la vida profesional y laboral", y una disminución de la capacidad de respuesta judicial a situaciones urgentes, "afectando gravemente al desarrollo de las tareas de instrucción de forma eficaz".
Algo que ya criticó, hace unas semanas, la Junta de Jueces de Instrucción de Santander, que expresó su "total oposición" a la conversión del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad en un órgano de Violencia sobre la Mujer "por ser gravísimamente perjudicial para la Justicia penal".
INFORMACIÓN INCOMPLETA
Por otra parte, Urrutia ha criticado la a su juicio "información incompleta" facilitada en el martes por la Delegación del Gobierno en Cantabria, en la que daba cuenta de la creación de una nueva plaza pero "ocultando que se realiza a costa de transformar otra ya existente manteniendo igual el número total".
"En lugar de defender en esta materia los intereses de los ciudadanos de Cantabria, la delegada del Gobierno se ha vuelto a plegar a los intereses del Ministerio divulgando una información sesgada e interesada que ha confundido hasta a los propios profesionales de la Administración de Justicia".
Por último, la consejera ha destacado que la propuesta elevada por el Gobierno de Cantabria al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ahora rechazada, de mantener las cinco plazas de instrucción e incrementar a dos las de violencia sobre la mujer, cuenta con el apoyo "explícito y unánime" de todos los integrantes del Pacto para la Justicia en Cantabria.
Fue suscrito por el Gobierno regional, el Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía Superior, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia y Colegios de Abogados, Procuradores y Psicólogos.
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