El borrador de sentencia elaborado por la vicepresidenta del TC avala la ley de amnistía

El Tribunal Constitucional discute la legitimidad de la ley de amnistía, mientras que el Tribunal Supremo considera factores legales en casos de líderes independentistas como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras

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El borrador de sentencia que ha elaborado la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, para dar respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP avala la ley de amnistía, según confirman fuentes jurídicas a Europa Press.

Las fuentes consultadas indican, además, que la ponencia de Montalbán no se pronuncia expresamente sobre el delito de malversación, cuya interpretación por parte del Tribunal Supremo (TS) ha conducido a no aplicar la ley al ex presidente catalán Carles Puigdemont ni al que fuera su 'número dos' Oriol Junqueras.

El Supremo entiende que la malversación del 'procés' recae en una de las excepciones que contempla la propia ley de amnistía para no aplicarla: que obtuvieron un beneficio personal. En este sentido, ha incidido auto tras auto en que los líderes independentistas no pagaron de sus bolsillos el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sino que lo costearon con dinero público persiguiendo un interés partidista.

El alto tribunal también sostiene que el 'procés' encaja en una segunda salvedad incluida en la norma jurídica: la afectación a los intereses financieros y económicos de la UE. Según su razonamiento, el objetivo que perseguían con el 1-O --una Cataluña independiente-- habría mermado los ingresos comunitarios.

Así las cosas, en el Supremo aguardan con cierta tranquilidad la sentencia del TC porque sus magistrados han hecho depender sus decisiones de la interpretación jurídica de la ley de amnistía --considerando que cabe exceptuar su aplicación a los líderes del 'procés'--, no de su constitucionalidad.

En consecuencia, fuentes jurídicas anticipan que, incluso con una ley declarada constitucional, se mantendrán las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Lluis Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el 'procés', que llegan hasta 2031.

En cualquier caso, dado que lo previsible es que los líderes independentistas den la batalla en el TS para hacer valer una eventual sentencia favorable del TC, el Supremo ya dejó la puerta abierta en varias resoluciones a presentar su propia cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) cuando llegara el momento oportuno.

Ese sería el último recurso del TS para defender sus tesis, y seguiría con ello los pasos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya ha acudido a la corte de Luxemburgo para desoír una sentencia del TC. La Audiencia de Sevilla también sopesa hacerlo con el 'caso ERE'. En su día, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, cuestionó internamente que los tribunales españoles pudieran actuar de esta manera pero no encontró apoyos suficientes.

Por ahora, el TS solo ha optado por cuestionar la amnistía ante el TC, pero no por ninguno de los casos que afectan directamente a los líderes independentistas, sino por uno de desórdenes públicos. En cambio, la Audiencia Nacional, el TSJ de Cataluña y el Tribunal de Cuentas esperan las respuestas del TJUE.

LA PRIMERA SENTENCIA, A FINALES DE JUNIO

La ponencia redactada por Montalbán se repartirá este lunes entre los magistrados para que puedan estudiarla de cara al Pleno que empezará el 10 de junio y que servirá para que la vicepresidenta del TC la exponga a sus compañeros. Las deliberaciones, sin embargo, no tendrán lugar hasta el siguiente Pleno, el que arrancará el 24 de junio, cuando está previsto el fallo.

En ese segundo cónclave, se abordarán la ponencia y la propuesta de Montalbán para responder a los escritos presentados por el PP, el Senado y los magistrados del TC Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel --enmarcados en la minoría conservadora--, en los que instan a la corte de garantías a paralizar esta primera sentencia sobre la amnistía hasta que el TJUE resuelva las cuestiones pendientes o a que el propio TC plantee una.

Conde-Pumpido ya descartó paralizar el procedimiento a la espera de que el TJUE contestase a las preguntas realizadas por los tribunales españoles, argumentando que "la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el TC (...) es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica", en este caso el encaje de la amnistía en el derecho comunitario.

En un último movimiento, el PP también ha emplazado a Conde-Pumpido a que se abstenga, aduciendo que la misma doctrina que se usó para apartar al magistrado conservador José María Macías del debate sobre la amnistía --que siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció sobre la ley en textos institucionales-- debe aplicarse al presidente del TC porque su mujer era vocal de ese mismo CGPJ.

Fuentes de la mayoría progresista del TC creen que se trata de "maniobras dilatorias" sin recorrido jurídico, anticipando así que el Pleno descartará la ristra de peticiones para despejar el camino hacia la sentencia. Desde la minoría conservadora asumen igualmente que sus compañeros impondrán su superioridad numérica y todas estas peticiones serán rechazadas para dar luz verde a la ponencia de Montalbán sin cambios sustanciales.

Desde Domenico Scarlatti avanzan que, una vez dictada la primera sentencia sobre la ley de amnistía, el TC adoptará un perfil bajo, de modo que no retomará los demás asuntos relativos a esta norma jurídica hasta la vuelta del verano. Previsiblemente, continuará con los demás recursos --los presentados por las comunidades autónomas donde gobierna el PP y el del Ejecutivo socialista de Emiliano García Page-- para seguir con las cuestiones de inconstitucionalidad --formuladas por el TS, el TSJ de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid-- y rematará con los recursos de amparo.

Aunque la corte de garantías deberá detenerse en las novedades que plantee cada impugnación --alrededor de una treintena-- para darles respuesta, tendrá como guía esta primera sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP porque los de Alberto Núñez Feijóo atacaron la ley de amnistía al completo. Las fuentes consultadas calculan que el TC estará despachando asuntos relativos a esta norma jurídica hasta el próximo año.

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