La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla tiene fijado para el próximo 2 de junio el comienzo de un juicio sobre otra de las piezas separadas de la macrocausa relativa a las irregularidades de la empresa de capital de riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) de la Junta de Andalucía, en este caso por los préstamos participativos concedidos a la entidad jiennense Bioaveda, un juicio cuyo primer intento de celebración se remonta a mediados de junio de 2023, hace ya casi dos años.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el juicio se dirige exclusivamente contra el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, por cuyo estado de salud fue suspendido este juicio en 2023, así como otros similares en su contra encuadrados en la macro causa relativa a la gestión de Invercaria.
En esta pieza, correspondiente a los préstamos participativos de Invercaria a la entidad Bioaveda, cuyo promotor ya ha fallecido, la Fiscalía expone que aunque en noviembre de 2008 los técnicos de Invercaria señalaban tanto "debilidades" en el proyecto de inversión en Bioaveda, como su "débil imagen en el mercado" y "dudas sobre la patentabilidad" de sus productos, entre otros aspectos, Tomás Pérez-Sauquillo firmó en abril de 2009 un préstamo participativo de 90.000 euros "a sabiendas de la nula capacidad de la sociedad para la devolución de los fondos".
El acusado, según la Fiscalía, actuó "faltando a las más elementales normas de gestión" de Invercaria e incluso ya en noviembre de 2009, pese a conocer que Bioaveda "no había acreditado las inversiones comprometidas" para otros 90.000 euros que le habían sido concedidos previamente en 2006, "sin competencia" para ello, "acordó la ampliación del vencimiento" de dicho préstamo inicial.
PETICIÓN DE CONDENA
Así, la Fiscalía achaca al expresidente de Invercaria un presunto delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación, reclamando para él seis años y seis meses de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta; así como la obligación de resarcir a la Administración pública con 166.101 euros.
Ya en febrero de este año, tras la suspensión anterior de varios juicios de piezas separadas de esta causa a cuenta del estado de salud de Pérez-Sauquillo, principal acusado; la Sección Cuarta de la Audiencia iniciaba el juicio promovido contra Pérez-Sauquillo y dos acusados más; por presunta prevaricación y malversación en los préstamos de dicha entidad perteneciente a la Junta de Andalucía a la empresa de Lopera (Jaén) Astraea Astilleros; supuestamente al margen de las "normas y procedimientos" regulatorios de las inversiones en capital de riesgo y sin "la más mínima diligencia" administrativa.
En paralelo, recordemos que en marzo de 2024, la Sección Primera de la Audiencia suspendía un juicio previsto para abril de ese año contra Pérez-Sauquillo, por presuntas irregularidades detectadas en los más de 2,2 millones de euros concedidos por Invercaria a las sociedades Keepfresh Verde y Natural, Keepfresh Agroandalucía, Desarrollos Industriales Herón y Allfresh Investigación, Desarrollo y Comercialización.
Ello, según la Sección Primera de la Audiencia, dada "la documentación médica aportada" entonces por la representación de Tomás Pérez-Sauquillo.
EL ESTADO DE SALUD DE PÉREZ-SAUQUILLO
Ya en mayo de 2023, recordémoslo, la Sección Cuarta de la Audiencia suspendía el juicio previsto por los préstamos participativos concedidos por Invercaria a la empresa de Mancha Real (Jaén) Electronics Devices Manufacture (EDM), por valor de 1,18 millones de euros; tras alegar la defensa de Pérez-Sauquillo su ingreso en un centro hospitalario por dolencias por las cuales había sido intervenido quirúrgicamente.
En septiembre de 2023, además, la Sección Séptima de la Audiencia suspendía el juicio promovido por los fondos públicos concedidos por Invercaria a la empresa Servivation, afincada en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA), también a cuenta del estado de salud del expresidente de Invercaria.
Pérez-Sauquillo, recordémoslo, ha sido condenado anteriormente a diferentes penas de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, por los gastos de personal de la citada entidad dependiente de la Junta, por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria.
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