Bruselas, 27 may (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) afirmó este martes que no aprecia razones para que el Gobierno de España bloquee o rechace la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, y cree que debe alinearse con la autorización con condiciones ya dada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
“Las autoridades competentes han dado su opinión sobre la transacción. El Banco Central Europeo (BCE) la ha aprobado. La autoridad española de Competencia la ha aprobado, sujeta a una serie de medidas de mitigación para garantizar”, indicaron a EFE fuentes comunitarias, que se refirieron entre los compromisos a que los consumidores de las zonas más remotas de España no pierdan el acceso a los cajeros automáticos y a los préstamos a las pymes.
“Sobre esta base, no conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alineara con las decisiones de las autoridades competentes”, agregaron.
Las fuentes recordaron que la Comisión está estudiando la compatibilidad de las medidas del Gobierno español con el Derecho de la Unión Europea (UE) y señalaron que “no dudará en hacer uso de sus poderes como guardiana de los Tratados” comunitarios.
“La Comisión espera que haya coherencia entre el apoyo oficial de los Estados miembros para seguir avanzando en la Unión Bancaria y la Unión del Ahorro y la Inversión y sus políticas nacionales de consolidación bancaria”, concluyeron.
Por su parte, el portavoz comunitario de Servicios Financieros, Olof Gill, rehusó comentar el caso concreto del BBVA y el Sabadell pero recordó que, en general, la consolidación del sector bancario mediante fusiones nacionales y transfronterizas podría contribuir a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los bancos, “beneficiando así a los consumidores europeos y a la economía en su conjunto”.
“En la Unión Europea tenemos un sector bancario fuerte y diversificado, pero nuestros bancos no han crecido lo suficiente como para ser competitivos en la escena internacional”, apuntó.
Así, para que la Unión Europea del Ahorro y la Inversión prospere, el sistema financiero de la UE “necesita bancos fuertes, ya que son intermediarios clave en los mercados de capitales”.
“Es importante que la consolidación del sector bancario pueda llevarse a cabo sin que se impongan obstáculos indebidos o inadecuados. Esto refleja las libertades fundamentales del Tratado, la de establecimiento y la de libre circulación de capitales”, aseveró.
En ese sentido, Gill explicó que las operaciones de consolidación bancaria se evalúan desde dos ángulos: desde la perspectiva prudencial (por el BCE y/o el supervisor bancario nacional) y de la competencia (por la Comisión Europea o las autoridades nacionales de competencia, en función de los importes en juego).
“Si se da luz verde en ambos frentes, entonces -en el mercado único y aún más en la Unión Bancaria- no hay base para detener una operación de acuerdo a una decisión discrecional del gobierno de un Estado miembro”, recalcó.
El portavoz agregó que los Estados miembros sólo pueden imponer restricciones a las libertades fundamentales, incluida la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, si tales restricciones son proporcionadas y se basan en intereses públicos legítimos.
El recurso a estas excepciones debe enmarcarse, interpretarse y aplicarse estrictamente, para reflejar amenazas reales y suficientemente graves a un interés fundamental de la sociedad, recordó, y precisó que tales restricciones no pueden justificarse por motivos puramente económicos.
“En consonancia con la Unión del Ahorro y la Inversión, la Comisión utilizará todas las medidas disponibles para promover un ecosistema de financiación eficiente, incluyendo, cuando sea necesario, medidas coercitivas y eliminando barreras, incluidas las de ámbito nacional”, resumió.
El Ministerio español de Economía optó hoy por elevar al Consejo de Ministros la decisión final en torno a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell por razones "de interés general", lo que concede al Gobierno un plazo de un mes para imponer nuevas condiciones a la operación, que ya contaba con la autorización de Competencia desde abril.
La Comisión Europea había solicitado más información a España sobre esta opa, en el marco del procedimiento que aplica cuando considera necesario mantener un debate informal de manera más estructurada con los Estados miembros sobre posibles cuestiones relativas al cumplimiento de la legislación de la UE.
La Comisión recibió la respuesta de España el pasado 21 de octubre y la está evaluando desde entonces. EFECOM
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