Barbate (Cádiz), 26 may (EFE).- Una delegación del Parlamento Europeo ha emprendido este lunes en Barbate (Cádiz) una visita para acercarse al problema del aumento de agresiones a las fuerzas de seguridad en toda la eurozona y escuchar demandas como que éstas se conviertan en eurodelitos.
"Vamos a ser todo oídos", ha asegurado el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzońca (ECR, Polonia), que lidera esta delegación, antes de reunirse en el Ayuntamiento de Barbate, con su alcalde, Miguel Molina, y, entre otros, con Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González, uno de los dos agentes que fallecieron en esta localidad al ser embestidos por una narcolancha en febrero de 2024.
La delegación, integrada por diez europarlamentarios, ha comenzado su viaje de tres días encontrándose en la localidad gaditana con David Gutiérrez, el portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), que en 2023, antes de los sucesos de Barbate, elevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, el órgano que recibe las consultas o quejas de cualquier ciudadano comunitario, una carta en la que pedía medidas en el ámbito europeo para combatir el odio y las agresiones a las fuerzas de seguridad.
Esta tarde, antes de la reunión, explicaba que la comisión había decidido realizar esta visita a Cádiz quizá "por la importancia mediática" y el impacto que tuvo en la sociedad el asesinato de los dos agentes en Barbate.
"Se podía haber hecho en Marsella, en Munich, o en Varsovia. Por desgracia las agresiones (a agentes) están aumentando en prácticamente todas las capitales y ciudades europeas", ha comentado a los medios.
Gutiérrez decidió trasladar al Parlamento Europeo "el brutal aumento de agresiones a agentes en toda Europa porque "no podemos esperar más, el tiempo de las palabras se ha acabado".
"En el año 2024 se dio el triste récord de la cifra histórica más alta de agresiones contra policías nacionales y guardias civiles en España, más de 16.800, eso significa que más de 1.400 compañeros son agredidos cada mes, eso sucede sólo en España. Pero en Bélgica, en Alemania o en Francia hay números que superan las 34.000, las 19.000, no lo podemos consentir", ha explicado.
En su opinión esto sucede porque "se ha perdido el principio de autoridad", porque "no hay un reproche penal suficiente, porque agredir a los policiales en demasiadas ocasiones sale gratis".
Gutiérrez se ha congratulado de que, a raíz de su petición, el Parlamento cuente ya con un proyecto de directiva europea para que las agresiones sean consideradas eurodelitos, con lo que se endurecerían las penas y la UE marcaría las mínimas que cada estado puede imponer en su legislación.
Otra de sus peticiones, que se estudia en el proyecto, es que ser agente de las fuerzas de eguridad seas considerado profesión de riesgo en toda europa, con las correspondientes medidas sociales y laborales de apoyo.
Es la misma idea que reclama Paqui Gómez: "a mi hijo no me lo van a devolver, pero por lo menos que no vuelva a suceder esto más, que los guardias civiles salgan a la calle protegidos" y no en las condiciones "tercermundistas" en los que su hijo perdió la vida enfrentándose a los narcotraficantes.
La delegación europea está integrada por el popular austríaco Alexander Bernhuber, la socialista portuguesa Isilda Gomes, el francés de extrema derecha Fabrice Leggeri y el ultraconservador polaco Kosma Złotowski (ECR, Polonia).
Como acompañantes están los españoles Maravillas Abadía, Juan Ignacio Zoido (ambos del PP), Lina Gálvez (PSOE), Mireia Borrás (Vox) y Nora Junco (independiente).
Tras su visita a Barbate, la delegación irá mañana a Algeciras, para escuchar a representantes de la Fiscalía Antidroga, de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, representantes sindicales de las policías de España, Polonia y Austria, con dos agentes de Algeciras que resultaron heridos en la lucha contra el narcotráfico, y con el alcalde José Ignacio Landaluce.
El miércoles viajarán a Sevilla para reunirse con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y con el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz. EFE
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