Madrid, 26 may (EFE).- El Tribunal Supremo (TS) ha devuelto a un juzgado de Madrid una causa abierta contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ante "la falta de una mínima investigación", por unos presuntos desórdenes públicos que habría cometido durante unas protestas del sector agrario entre el 6 y 9 de febrero de 2024.
El pasado 17 de marzo, el Juzgado de Instrucción 29 de Madrid envió al Supremo una exposición razonada por unos hechos que pudieran ser constitutivos de un presunto delito contra el orden público.
Pero la magistrada Ana Ferrer, en un auto al que ha tenido acceso EFE, acuerda devolver las actuaciones ante "la falta de una mínima investigación" para que el juzgado continúe con ella, un criterio que también comparte la Fiscalía.
Dice la magistrada que la exposición razonada se limita a señalar que el 20 de julio de 2024 se incoaron diligencias tras "un oficio procedente de la Comisaría general de Información sobre hechos cometidos entre el 6 y 9 de febrero de 2024, por un presunto delito contra el orden público" contra Alvise "a raíz de las publicaciones en el canal Alvise Perez durante las protestas del sector agrario".
Al respecto, Ferrer destaca la "parquedad argumentativa" y "la falta de una mínima investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción", ya que "no se ha realizado actividad instructora alguna encaminada a consolidar una base indiciaria a partir de los datos que la investigación policial ha arrojado".
Dicho de otro modo, "falta una mínima instrucción, destinada a comprobar que la persona investigada realmente se encuentra al frente o controla el que policialmente se identifica como «Canal Alvise», y sugiere una serie de diligencias como necesarias a tal fin"
En definitiva, "no contamos con elementos para por el momento declarar la competencia de esta Sala, por lo que procede devolver las actuaciones al Juzgado de procedencia a fin de que prosiga con la investigación abierta".
Alvise tiene tres causas abiertas en el Supremo. Una por delitos de falsedad e injurias por la difusión de una prueba de covid falsa del actual presidente catalán y exministro de Sanidad, Salvador Illa, en 2021; y también por los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
Además, tiene una tercera causa por la presunta aceptación de 100.000 euros de un empresario para su formación política en las elecciones europeas; y queda pendiente una cuarta por la difusión de conversaciones del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, en su ámbito privado y con un periodista, que fueron expurgadas en la investigación del caso Kitchen. EFE
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