Cádiz, 25 may (EFE).- Una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo inicia este lunes una visita a las localidades gaditanas de Barbate y Algeciras para aproximarse a las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad en esta zona, especialmente azotada por el narcotráfico.
La visita se enmarca en la respuesta al escrito que David Gutiérrez, del sindicato Confederación Española de Policía (CEP), elevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, el órgano que recibe las consultas o quejas de cualquier ciudadano comunitario, para pedir que se establezcan medidas en el ámbito europeo para combatir el odio y las agresiones hacia los agentes de seguridad de la UE y “una protección jurídica mínima, homogénea y aceptable que defienda eficazmente" sus derechos fundamentales y laborales.
El Comité de Peticiones aprobó llevar a cabo un estudio comparativo en cuanto a la profesión de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la Unión con los votos del Partido Popular Europeo, Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas y Europa de las Naciones Soberanas.
Representantes de estas formaciones son las que integran la delegación que visitará el lunes Barbate, el martes Algeciras y el miércoles Sevilla.
La delegación está liderada por el presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzońca (ECR, Polonia) e integrada por el popular austríaco Alexander Bernhuber, la socialista portuguesa Isilda Gomes, el francés de extrema derecha Fabrice Leggeri y el ultraconservador polaco Kosma Złotowski (ECR, Polonia).
Como acompañantes acudirán los españoles Maravillas Abadía, Juan Ignacio Zoido (ambos del PP), Lina Gálvez (PSOE), Mireia Borrás (Vox) y Nora Junco (independiente).
El programa de la visita, diseñado por la propia delegación, comenzará el lunes en Barbate con un encuentro en el que participará David Gutiérrez, que emitió la petición; familiares de los dos guardias civiles asesinados en la localidad al ser embestidos por una narcolancha, una representante de la asociación "Nuestro corazón por bandera", de familiares de agentes y el alcalde de la localidad, Miguel Molina.
Al día siguiente se trasladarán al Ayuntamiento de Algeciras para mantener un encuentro con representantes de la Fiscalía Antidroga, de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, representantes sindicales de las policías de España, Polonia y Austria, con dos agentes de Algeciras que resultaron heridos en la lucha contra el narcotráfico, y con el alcalde José Ignacio Landaluce.
Además visitarán el puerto y el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.
El miércoles viajarán a Sevilla para reunirse con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y con el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz.
Esta será la quinta visita que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo autoriza a España en los últimos meses impulsada por los grupos que ostentan la mayoría en la Eurocámara.
Con esta visita responden a la petición que les trasladó el representante de la CEP en la que les trasladaba que el número de agresiones contra agentes de policía durante el ejercicio de sus funciones "ha aumentado notablemente en los últimos tres años" tanto en España como en el resto de los países europeos.
Por ello en su petición propone “que se impulsen iniciativas dentro de la Unión que permitan combatir la incitación al odio contra los agentes de policía en las redes sociales y ayudarlos en caso de problemas psicológicos” y “que se reconozca la condición de profesión de riesgo de los cuerpos policiales de la Unión en sus respectivos Estados”, así como que se establezca “una protección jurídica mínima, homogénea y aceptable que defienda eficazmente sus derechos fundamentales y laborales”.
Además insta al Parlamento Europeo a que “debata y apruebe legislación que mejore y armonice, a escala europea, la protección de las fuerzas policiales que trabajan en la Unión” y pide “que se incluya el delito de agresión o acometimiento contra un agente de policía en la lista de ‘eurodelitos’ y se establezca una definición común y penas mínimas”. EFE
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