El fiscal pide cárcel para los políticos, técnicos y promotores de unas casas ilegales

Alicante, 20 may (EFE).- La Fiscalía ha mantenido este martes su acusación por la construcción irregular de 292 viviendas en suelo rústico no urbanizable entre 1999 y 2003 para el exalcalde de Llíber (Alicante), José Mas; el actual primer edil, José Juan Reus; ambos del PP, el arquitecto técnico que trabajaba para el Ayuntamiento, Amador Signes, cinco empresarios de la construcción, y otros dos exconcejales.

En las conclusiones finales emitidas en la Audiencia Provincial de Alicante, el ministerio público ha considerado que ha quedado probado que todos formaron parte de un entramado para promover y autorizar esas construcciones ilegales, levantadas sobre parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados -en algunos casos incluso de menos de 5.000-, mediante la concesión de licencias para la rehabilitación de almacenes agrícolas con parte habitable.

Todo a cambio de prebendas en favor de algunos de los representantes municipales, como un vehículo marca Mercedes regalado por uno de los empresarios al exalcalde José Mas; la entrega de 3.000 euros por cada licencia concedida; o pagos en beneficio del arquitecto técnico por la realización de memorias de los proyectos que él mismo autorizaba con la emisión de los correspondientes informes.

En su conjunto, la Fiscalía ratifica las peticiones de penas planteadas en su escrito de acusación inicial, que suman un total de 43 años y tres meses de prisión. En concreto, solicita siete años de prisión para el arquitecto técnico por un delito continuado de estafa y otro delito continuado contra la ordenación del territorio.

Para el empresario Miguel Muntaner, a quien se considera uno de los presuntos cerebros de la trama y autor del regalo del Mercedes al exalcalde, solicita siete años de prisión por el delito continuado de estafa y por un delito de cohecho y para el exalcalde José Mas seis años y tres meses por un delito continuado contra la ordenación del territorio y por un delito de cohecho.

Para los titulares de las empresas que construyeron y vendieron las viviendas ilegales penas que oscilan entre los seis años y seis meses y los cuatro años de prisión, en función de cada caso, como autores del delito continuado de estafa, y para el actual alcalde, José Juan Reus, que ejercía como concejal del equipo de gobierno y otros dos concejales de la época, multa de 18 meses con cuota diaria de 6 euros por un delito de contra la ordenación del territorio.

En su argumentación, respecto a los delitos de estafa y contra la ordenación del territorio el acusador público ha sostenido que los procesados trataban de dar “apariencia de legalidad a lo que era una ilegalidad” con la concesión de licencias para restaurar almacenes agrícolas “cuando todos sabían que era para construir vivienda nueva”.EFE

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