La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha trasladado su rotundo rechazo a la proposición de ley que será defendida este martes en el Congreso por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que pretende "congelar un modelo de gestión hídrica injusto y perjudicial" para Castilla-La Mancha, al tiempo que ha pedido al PP en la región que se posicione en contra.
"No se puede defender la salud del río Tajo y, al mismo tiempo, guardar silencio ante una proposición de tu propio partido", han demandado los ribereños en nota de prensa.
Así, argumentan en nota de prensa que "no es una cuestión partidista, sino de responsabilidad moral con el futuro de Castilla-La Mancha y con la justicia medioambiental", señala su presidente, Borja Castro, que denuncia "la hipocresía de quienes no se atreven a alzar la voz en su propio partido en defensa de su tierra".
La proposición murciana "ignora las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo que han obligado a fijar caudales ecológicos reales en varios puntos del Tajo, desde Aranjuez hasta Talavera de la Reina". Además, "vulnera lo establecido en la Directiva Marco del Agua, que exige garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua antes de destinar sus recursos a otros usos".
Precisamente por ello, desde la Asociación exigen al Gobierno que haga caso omiso de la sobreactuación del levante, y "se deje de tibiezas para intentar contentar a todas las partes y trabaje con criterio científico para aprobar la modificación trianual completa, con una política valiente a la altura de las circunstancias, que no se deje coaccionar por las amenazas de la agroindustria después de más de un año de retraso".
"Los embalses de Entrepeñas y Buendía han conseguido recargarse y están generando actividad económica en la comarca. Castilla-La Mancha necesita que se la escuche, no que se le imponga un modelo agotado desde Murcia y Valencia para garantizar un granero de votos", ha aseverado.
IGNORAR LA CUENCA CEDENTE
La iniciativa murciana "busca blindar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura conforme al Real Decreto 773/2014, ignorando tanto el mandato del Tribunal Supremo como la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Unión Europea y los intereses de la cuenca cedente en base a que, según su criterio, el recorte implicaría la pérdida de 15.000 hectáreas de regadío, ignorando a conciencia que desde los años 80 prácticamente se duplicó la superficie de regadío muy por encima de esa cifra".
"Ninguna actividad económica admite un crecimiento infinito, menos si necesita de un recurso valioso e imprescindible para la vida como es el agua".
Desde la Asociación recuerdan además "las consecuencias para el entorno de su actividad, generando pérdidas millonarias tanto al Turismo y la Pesca como un daño irreversible al Mar Menor, patrimonio de todos los españoles".
"Siempre hablan de ganancias pero nunca entran a valorar el coste marginal social, que es el coste que pagamos todos los españoles por sostener su negocio y atañe a los daños millonarios que generan tanto en el Tajo como en el Mar Menor, porque en este caso quien contamina gana".
Asimismo, advierten de "la baja calidad del empleo generado, con denuncias constantes por prácticas que rozan el esclavismo y enfrentamientos constantes con el Ministerio de Trabajo por querer perpetuar ese modelo".
Desde los pueblos ribereños denuncian que esta proposición "representa un grave retroceso ambiental y jurídico, al pretender perpetuar unas reglas de trasvase diseñadas sin tener en cuenta los caudales ecológicos mínimos, obligatorios por ley y ratificados por las más altas instancias judiciales".
"No podemos permitir que se legisle para blindar un modelo insostenible. El Tajo no puede seguir siendo una tubería para el Levante mientras nuestros embalses malviven gestionando miseria", afirma Borja Castro.
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