Melilla, 12 may (EFE).- Once solicitantes de asilo, dos de ellos menores, han conseguido desbloquear el limbo administrativo en el que estaban en Melilla, que les dejó en la calle durante más de un mes al no ser admitidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a raíz de la anulación de sus citas para la entrevista.
Según han informado a EFE las asociaciones Mec de la Rue (MdLR) y Geum Dodou, se trata de siete solicitantes de asilo procedentes de Malí, dos de Venezuela y dos de Colombia, que ya han conseguido la reprogramación de sus respectivas entrevistas en la oficina de Protección Internacional de Melilla y, con ello, su acceso al CETI.
Entre estos 11 solicitantes de asilo hay dos menores de edad, una de origen venezolano que llegó a Melilla con su abuela y otra de origen colombiano con su madre, además de los siete malienses, que llegaron a escribir una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Ambas ONG han mostrado su satisfacción por el desbloqueo de la situación, dada la vulnerabilidad en la que se encontraban estos migrantes, pero han alertado de que no son casos aislados y han exigido una respuesta institucional que sea “clara, justa y respetuosa con los derechos humanos”.
“El acceso al asilo no puede depender de la suerte ni de la presión mediática”, han dejado claro MdLR y Geum Dodou tras recordar que estas personas, durante semanas, “han tocado innumerables puertas” y han intentado visibilizar su problema con concentraciones pacíficas y con el apoyo humano, logístico y legal de ambas asociaciones.
“Hemos servido como altavoz para que estas personas no sean silenciadas, pero esto no ha sido una excepción afortunada, sino que es síntoma de un problema mayor”, han insistido las dos entidades aludiendo a los numerosos solicitantes de asilo que han llegado a Melilla durante el mes de abril para formalizar su entrevista y, al ser anulada, volvieron a la península.
En opinión de MdLR y Geum Dodou, el hecho de que les anularan la entrevista sin una explicación formal ni una justificación por escrito supone una vulneración de derechos fundamentales y deja “en situación de total indefensión” a quienes están buscando una protección internacional.
Ambas entidades se encuentran a la espera de una respuesta a la queja que presentaron por ello ante el Defensor del Pueblo, cuya comparecencia por este problema ha sido solicitada en el Congreso de los Diputados por Sumar. EFE
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