Madrid, 6 may (EFE).- PSOE y PP han acordado este martes instar al Gobierno a que habilite los mecanismos legales que permitan facilitar la inscripción de un recién nacido en el Registro Civil correspondiente al domicilio de los padres y no en el del hospital en el que ha tenido lugar el nacimiento, como ocurre en la actualidad.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado una transaccional pactada entre el PSOE y el PP y que ha contado, además, con el apoyo del resto de grupos, que busca abordar un problema al que se enfrentan muchos padres que, para evitar trámites complicados, inscriben a sus hijos en el Registro Civil de la localidad en la que se encuentra el hospital en el que ha tenido lugar el parto.
Tal y como ha recordado la diputada del PSOE María Adrio, en la actualidad la ley permite inscribir al recién nacido en el Registro Civil desde los hospitales públicos y privados y, salvo que los padres lo digan de forma expresa, son los centros sanitarios los que tramitan la inscripción del bebé en el Registro Civil correspondiente a su ubicación.
Si los padres quieren que el recién nacido quede inscrito en su municipio de residencia en lugar del de nacimiento, deben pedirlo antes de que el hospital tramite la inscripción, pero las gestiones son más complicadas ya que los padres deben aportar, además de la documentación exigida para la inscripción del nacimiento, los certificados de empadronamiento de ambos progenitores y un certificado del hospital que demuestre que no se ha tramitado la inscripción en el Registro Civil de esa localidad.
Por eso muchos progenitores deciden inscribir a su hijo en el lugar de nacimiento y no en el de residencia.
El diputado del PP, Daniel Pérez ha explicado que esto perjudica a los pequeños municipios y su lucha contra la despoblación, ya que la población de un municipio se calcula en función del padrón municipal, pero el lugar de nacimiento suele influir en estadísticas y proyecciones oficiales.
Así, si los nacidos en pequeños pueblos son inscritos en ciudades más grandes, esto provoca que no aparezcan en el padrón municipal desde el principio, y reciben menos recursos del Estado y de las comunidades autónomas, lo que afecta a servicios como los centros educativos, infraestructuras básicas, servicios sanitarios y sociales, etc.
El diputado del PSOE, Joaquín Martínez ha detallado el contenido de la transaccional pactada con el PP que pide que se estudie también la necesidad de una reforma de la ley del Registro Civil y continuar con la formación del personal en todas las oficinas del Registro Civil.
La Comisión de Justicia ha aprobado también una iniciativa de Sumar que busca facilitar los trámites para modificar los estatutos de las comunidades de vecinos relativos a la limitación del uso turístico de viviendas residenciales.
Pide que se limiten o bonifiquen los aranceles registrales que deben pagar las comunidades de propietarios para prohibir en sus estatutos los pisos turísticos que -según ha denunciado el diputado de Sumar, Juan Antonio Valero- están provocando una "auténtica crisis habitacional" y una situación dramática para muchas familias y jóvenes.
También ha salido adelante una transaccional entre PSOE y PP que insta al Gobierno a regular el ejercicio profesional de la Criminología a través de un proyecto de ley que contenga las funciones de la profesión, los ámbitos de actuación, sus competencias, la colegiación y el régimen disciplinario. EFE
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