Bruselas, 17 abr (EFECOM).- El Consejo de Estado de Bélgica suspendió este jueves la decisión de la red ferroviaria nacional belga (SNCB) de adjudicar la fabricación de futuros trenes a una empresa española por falta de transparencia en el proceso de adjudicación.
Se trata de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), especializada en trenes y material ferroviario, la cual adquirió un contrato público de compra de vagones para los ferrocarriles belgas el pasado mes de febrero.
La decisión de adjudicar el contrato público se basa en una combinación de varios criterios, incluido el mérito técnico de las ofertas.
Sin embargo, según el Tribunal administrativo, “el método utilizado para evaluar las ofertas en cuanto a su mérito técnico no podía entenderse” y, por tanto, la decisión de SNCB “no respetaba el principio de transparencia que la empresa pública está obligada a respetar en virtud de la legislación relativa a los contratos públicos.”
Según medios españoles, se trata de un contrato de entre 1.700 y 3.400 millones de euros.
La red ferroviaria belga lanzó una licitación europea para un contrato destinado a sustituir cientos de trenes autopropulsados, por el cual recibió tres ofertas: de la española CAF, Siemens y Alstom.
Tras la decisión de escoger a CAF como “licitador preferente”, la compañía francesa Alstom, con sede en Bélgica, presentó un recurso ante el Tribunal.
Bernard Belvaux, director general de la filial de Alstom en Benelux, dijo que fue una decisión “chocante”, añadiendo que la empresa emplea a 3.000 personas en Bélgica y que su oferta era 100 millones de euros más barata que la española, según informaron medios locales.
El ministro de Movilidad del Gobierno federal, Jean-Luc Crucke, dijo a principios de marzo que se habían respetado las normas europeas aplicables a los contratos públicos y que la decisión de mantener a CAF como licitador preferente había sido tomada por unanimidad por el comité de empresa de la SNCB, compuesto por representantes de todos los grupos políticos a nivel nacional.
Los partidos verdes (Groen) y socialistas (PTB) añadieron que la decisión no solo pone en riesgo puestos de trabajo locales, sino que hay indicios que la empresa española desarrolla actividades en los territorios palestinos ocupados. EFECOM
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