
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que la causa en la que se investiga a la trama de fraude de hidrocarburos liderada presuntamente por el empresario Víctor de Aldama sea enviada al Tribunal Supremo, asegurando que no hay "un mínimo de indicios que permitan vincular" al exministro José Luis Ábalos "con la obtención de la licencia de operador por parte de Villafuel", la compañía clave del caso.
En un escrito, recogido por Europa Press, el Ministerio Público se opone a la petición realizada por la acusación popular de Hazte Oír, que había pedido la inhibición parcial de la causa a favor del Tribunal Supremo, en concreto de la parte relativa a la obtención del título de operadora de hidrocarburos de esa sociedad.
La asociación sostenía que esa parte de los hechos investigados "involucran personalmente a Ábalos", aforado por su condición de diputado, debiendo ser el alto tribunal el responsable de indagar en ese procedimiento.
La Fiscalía recuerda en su escrito que Hazte Oír se apoyaba para justificar su pretensión en "la reunión" por parte de algunos investigados "con el jefe de gabinete de la ministra de Industria, así como las actuaciones referentes a la compra del chalet de La Alcaidesa, para cuya adquisición fue utilizada la sociedad Have Got Time, y que se considera fue en pago por los servicios prestados por Ábalos".
Cabe destacar que el juez instructor sostiene que los investigados se sirvieron de mercantiles como la propia Have Got Time para obtener liquidez para, entre otras operativas, adquirir "una propiedad inmobiliaria posteriormente disfrutada por el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos".
Anticorrupción apunta que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dice que ese uso del mencionado chalet "pudiera estar relacionado con la agilización de la concesión de la licencia de operador". "Por lo tanto, es una posibilidad, no un indicio de la intervención de aquel en esa concreta actuación administrativa, además, se ha de tener en cuenta que la obtención de la condición de operadora --septiembre de 2022-- se produjo más de un año después de la compra del chalet, y cuando llevaba cesado como ministro desde julio de 2021", sostiene la Fiscalía.
Además, para el Ministerio Público "el hecho de haberse reunido, entre otros, los investigados Claudio Rivas y Carmen Pano en el Ministerio de Industria" con el que fuera jefe de Gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto "tampoco es indicativo de la intervención de Ábalos en tales hechos, reunión en la que si consta que participó" su exasesor Koldo García.
En cualquier caso, apunta Anticorrupción, "en última instancia, quien deberá valorar y apreciar la eventual inhibición en atención a los indicios de que disponga será la Sala Segunda" del Supremo.
"Este Juzgado (el Central de Instrucción Número 5) desconoce el resultado de las mismas y si existen indicios de la intervención de Ábalos en el otorgamiento de la condición de operadora de hidrocarburos a Villafuel, lo cual en principio no parece muy plausible, ya que tal condición fue obtenida más de un año después de haber cesado como ministro", concluye.
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