El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confiado este viernes desde Bruselas en que el Gobierno encuentre "la mejor vía para convencer a todos los grupos" para poder acelerar el gasto en defensa antes de 2029, al ser preguntado por si el Ejecutivo de Pedro Sánchez buscará el apoyo del PP ante un eventual desmarque de algunos socios de Gobierno.
"El Gobierno da muestras cada día, cada semana, de tener capacidad de diálogo, capacidad de llegar a acuerdos y tenemos que buscar cuál es la mejor vía para convencer a la totalidad de los grupos parlamentarios", ha dicho en declaraciones a la prensa en Bruselas, en donde asiste a una reunión de ministros de Justicia de la UE.
El ministro ha evocado la cumbre extraordinaria del jueves en la que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE respaldaron la propuesta de la Comisión Europea para disparar el gasto en defensa para reforzar a Europa frente a la crisis abierta por el acercamiento de Estados Unidos a Rusia.
Por ello, el ministro ha argumentado que "en estos momentos invertir en defensa es invertir en democracia, es invertir en seguridad y es invertir en la protección de nuestros valores".
"En España tenemos un Parlamento con distintas fuerzas políticas", ha continuado, y el Gobierno hablará "con los grupos parlamentarios" para trasladarles lo que "se conoció y habló" a nivel de líderes en el Consejo Europeo del jueves y, "a partir de ahí, buscaremos las fórmulas que sean más adecuadas para conseguir el objetivo".
Sobre la cumbre europea, Bolaños ha puesto en valor que los 27 pusieron "las bases de lo que tiene que ser una financiación adecuada para reforzar la defensa, la seguridad, la libertad, la integridad de Europa".
"Es un trabajo de los 27 países que conforman la Unión Europea porque, insisto, en estos momentos invertir en defensa es invertir en democracia, es invertir en seguridad, es invertir en la protección de nuestros valores", ha remachado.
ESTADO DE DERECHO
Preguntado por una reciente respuesta parlamentaria en la que el comisario de Justicia y Estado de derecho, Michael McGrath, avisaba de la preocupación en la judicatura española por los ataques en declaraciones de políticos contra el poder judicial y del riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza de la sociedad en los jueces y sus sentencias, el ministro ha defendido que Bruselas tiene "absolutamente cero preocupación" por la salud democrática de España.
Bolaños ha recordado que se vio con McGrath hace pocas semanas en Bruselas en una reunión que el ministro ha defendido como "muy productiva, muy transparente", y que pone de evidencia la "cooperación" entre el Gobierno y el Ejecutivo comunitario.
En este contexto, el ministro ha defendido que "hay absolutamente cero preocupación de la Comisión Europea respecto a la salud del Estado de derecho en España" y acusado a los eurodiputados del PP de "tergiversar una respuesta (parlamentaria)" del comisario para "intentar que parezca que por parte de la Comisión tiene alguna preocupación y no tiene ninguna".
Bolaños se refería así a una respuesta parlamentaria del comisario de Justicia a una pregunta parlamentaria en la que el eurodiputado del PP Adrián Vázquez denunciaba ataques del Gobierno a la judicatura.
El escrito de McGrath recuperó el análisis que el Ejecutivo comunitario ya incluyó en su último informa sobre la salud democrática de los Estados miembro publicado el pasado julio y en el que, en el caso de España, recogió que "algunas partes interesadas habían expresado su preocupación por las declaraciones públicas de políticos en las que estos criticaban el poder judicial".
Entonces, la Comisión recordó que, de acuerdo con las normas europeas, "si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, el poder judicial debe gozar de la confianza pública para poder desempeñar su labor correctamente, habida cuenta de su especial papel en la sociedad" y avisó del riesgo de declaraciones "de los poderes legislativo y ejecutivo".
En todo caso, el comisario apuntó también que "no es ésta una cuestión que afecte sólo a España" y que así quedó recogido en el informe de julio que recuerda estas normas "en situaciones comparables en otros Estados miembros".
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