La defensa dice que se ha caído el "castillo de naipes" contra el abogado Gonzalo Boye

Madrid, 6 mar (EFE).- Eduardo García Peña, abogado de Gonzalo Boye, el conocido letrado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, ha alegado en el juicio de la operación Mito que en el mismo "se ha caído el castillo de naipes construido" por la Policía para vincularle con un blanqueo de dinero de la droga de la organización de Sito Miñanco.

La Audiencia Nacional ha celebrado este jueves la jornada 29 de la vista en la que el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, se enfrenta a una petición de 31 años y seis meses de prisión de la Fiscalía, que le acusa de intentar introducir en España en 2017 casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultar más de 11 millones de euros y blanquear dinero.

También está siendo juzgado Gonzalo Boye como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial, por los que se enfrenta a una petición de los fiscales de nueve años y nueve meses de cárcel.

En el transcurso de las pesquisas, las fuerzas de seguridad abordaron el 2 de octubre de 2017 en alta mar, a la altura de las Azores, el buque Thoran, en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína que la organización de Sito Miñanco había comprado supuestamente a redes colombianas, según la Fiscalía, y el 9 de noviembre siguiente fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en Países Bajos.

En su escrito de acusación la Fiscalía señala que el 6 de febrero de 2017 les fue incautado casi 900.000 euros en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas a Manuel G.R. y a otros cuatro acusados cuando trataban de transportar el dinero a Colombia en varias maletas.

Manuel G.R. afirmó en el juicio que el dinero era de su propiedad y que lo llevaba a Colombia para desarrollar unos negocios relacionados con sus empresas de seguridad.

Eduardo García Peña ha pedido este jueves en su informe final la absolución de Boye y ha mantenido que la acusación contra él se basa solo en la declaración que otro acusado, Manuel P.S. prestó en el Juzgado de instrucción tras recibir en la cárcel visitas de policías que le habrían prometido beneficios judiciales si cambiaba su testimonio inicial y que el letrado de Boye ha dicho que es falsa.

Ha recordado que tras esas visitas Manuel P.S. volvió declarar en el Juzgado para decir que el dinero confiscado en el aeropuerto no era de Manuel G.R. como había dicho inicialmente sino de Sito Miñanco e implicó a Boye en el blanqueo del dinero.

García Peña ha subrayado que tras esta declaración Manuel P.S. quedó en libertad sin fianza a pesar de tener pendiente esta causa en la que además figura un informe que señala que puede ser autor del asesinato de otro investigado cometido en Pereira (Colombia), y asimismo se suspendió de forma condicional una condena de cuatro años de prisión por delito tráfico de drogas por su toxicomanía.

El letrado ha dicho que Boye intervino como abogado desde años antes de Manuel G.R para intentar recuperar el dinero que le confiscaron en el aeropuerto y que no se ha demostrado que falsificara los documentos que aportó ante el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) -unos contratos de letras de cambio que le entregó su cliente- para justificar el origen del mismo.

Incluso ha destacado que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó en una sentencia la devolución de la mitad de ese dinero sin que este órgano ni el Sepblac detectaran blanqueo de dinero de la droga alguno ni dedujeran testimonio del mismo para su investigación.

En todo caso el abogado de Boye ha pedido la nulidad de todo el procedimiento seguido contra su representado al entender que la jueza de instrucción, María Tardón, vulneró su derecho de defensa y el secreto profesional así como a un juicio justo con igualdad de armas.

Ha señalado que son nulos los registros efectuados en el despacho profesional y en el domicilio de Gonzalo Boye porque no están justificados y se practicaron en octubre de 2019 cuando entonces era abogado de Sito Miñanco y estaba ejerciendo la defensa de otros acusados en la causa.

Ha añadido que la Policía se extralimitó al llevarse todos los whatsapp desde 2008 y los correos desde 2010 con conversaciones de Boye con todos sus clientes y con abogados de esta y de otras causas.

Eduardo García Peña ha señalado que además entre la documentación intervenida figuraban dos documentos que eran la estrategia de defensa que Boye le encargó, "con lo que la Fiscalía jugó con las cartas marcadas".

Y ha señalado que cuando la instructora vio que había accedido además a "información especialmente sensible con confidencias de abogado-cliente y abogado-abogado, vulnerando el derecho de defensa y el secreto profesional" ordenó que esta parte quedara en la caja fuerte del Juzgado, pero al conocer su contenido, aunque no lo aportara a la causa a juicio del letrado, la jueza perdió su imparcialidad. EFE