El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha afeado que la ley pactada por el Gobierno y Junts para el traspaso de competencias en materia de inmigración se refiera a los no nacidos en Cataluña como causa de sus problemas en la gestión de los servicios públicos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta ha recordado que hay 105.000 ciudadanos nacidos en Castilla y León que viven en Cataluña y que "son ciudadanos españoles y también son ciudadanos catalanes", por lo que no le parece adecuado que una Ley orgánica establezca una referencia expresa a las personas que no han nacido en Cataluña.
"Señalan a aquellas que han nacido en Castilla y León como causantes de los problemas que tienen los servicios públicos, en ningún modo las personas que han nacido en Castilla y León tienen la responsabilidad de que los servicios públicos en Cataluña sean de peor gestión por parte de su gobierno autonómico de lo que lo son por parte del gobierno autonómico de Castilla y León", ha defendido.
Sobre las competencias en inmigración, el consejero ha insistido en que esta materia depende del Estado. "Tenemos la voluntad de que las competencias propias del Estado y que configuran lo que son las competencias propias de una nación se sigan ejerciendo por parte del ámbito nacional que es a quien corresponden en un Estado", ha subrayado.
"Nosotros no somos confrontación nunca con España, nosotros somos España y, por tanto, nosotros reivindicamos el hecho autonómico desde el punto de vista de la garantía en la prestación de los servicios públicos que damos", ha zanjado.
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