Esquerra Republicana quiere que el Gobierno impulse una investigación "independiente" sobre los acosos, malos tratos y vejaciones sufridos por reclutas durante el Servicio Militar Obligatorio en las décadas de 1980 y 1990, que se identifique a los responsables "políticos y militares" de los mismos, se inicien acciones legales contra ellos y se repare a las víctimas.
La formación independentista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con estas demandas a raíz de la emisión del documental de TV3 'Et faran un home', que, según denuncian, "destapó un patrón de impunidad y negligencia institucional en el trato a los reclutas", con varios casos de abusos "documentados".
El portavoz de ERC en la Comisión de Defensa, Francesc-Marc Álvaro Vidal, ya pidió cuentas al respecto a través de una pregunta dirigida al Gobierno pero, según ha explicado en una nota de prensa, el departamento que dirige Margarita Robles sostiene que "no tiene constancia de los hechos" y se "desvincula de cualquier responsabilidad".
El diputado relata que el Ministerio de Defensa "ha reconocido oficialmente más de 300 suicidios entre 1983 y 2001 dentro de las Fuerzas Armadas", aunque, a su juicio, "los datos reales podrían ser mucho más elevados".
ESCLARECER RESPONSABILIDADES PENALES
Álvaro Vidal remarca que el documental de TV3 ha permitido que varias familias hayan descubierto que las muertes de sus hijos, que oficialmente constaban como accidentes, fueron en realidad suicidios derivados de los abusos sufridos en los cuarteles.
"Existe una continuidad institucional más allá de cada gobierno concreto, y esto obliga al Ejecutivo de Sánchez a escuchar la demanda de los afectados, establecer las responsabilidades políticas correspondientes y ayudar a esclarecer las responsabilidades penales, si las hubiera", avisa el diputado republicano.
En este contexto, ERC busca que el Congreso inste al Gobierno a abrir una investigación "independiente" para esclarecer los casos documentados y garantizar la protección de las víctimas y los testigos. Su objetivo es que el Ejecutivo "reconozca públicamente los hechos", identifique a los "responsables políticos y militares implicados" e impulse "las acciones legales necesarias para depurar responsabilidades".
Asimismo, demandan que se establezcan mecanismos de reparación moral y económica para las víctimas y sus familias, incluyendo asistencia jurídica y apoyo psicológico.
"Tenemos un compromiso firme con la memoria, la justicia social y la defensa de los derechos humanos, y exigimos que estos hechos no queden impunes". "No podemos permitir que se perpetúe el silencio y la impunidad sobre una realidad que ha destrozado la vida de tantas personas", ha declarado el diputado republicano.
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